PROGRAMA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE GOBIERNO PARA UN CHILE DIGNO, VERDE Y SOBERANO, PLURINACIONAL E INTERCULTURAL, FEMINISTA Y PARITARIO

Chile atraviesa por una grave crisis económica, social y política que es consecuencia de 30 años de acumulación de un conjunto de desigualdades, abusos y precariedades que han afectado a las grandes mayorías nacionales y que se cristalizó el 18 de octubre con la revuelta social.

 

A ello se sumaron los efectos de la actual pandemia que ha reflejado con mayor nitidez la desigualdad y la injusticia del modelo Neoliberal, acentuando el abandono del Estado a sus obligaciones esenciales y el sufrimiento de la ciudadanía.

 

Enfrentados a este contexto, proponemos iniciar un camino para superar los factores estructurales que llevaron al actual estado de indignación y movilización, es decir, un trayecto hacia un nuevo ciclo político, basado en la más amplia participación de todas y todos los actores sociales para construir ese Chile tanto soñamos.

 

Necesitamos un marco constitucional que asegure una vida digna para todas y todos e iniciar un proceso de transformación de nuestro país en un Chile Plurinacional, Intercultural, Feminista, Paritario y con un enfoque de derechos sociales y sin exclusiones.

 

Sabemos que la historia no comienza ni termina con nosotras y nosotros y que el descontento que se ha expresado en los últimos años, es el resultado de movilizaciones ascendentes que a lo largo de tres décadas fueron consolidando las demandas que hoy el pueblo chileno, resurgido desde lo más profundo de la desigualdad, ha puesto sobre la mesa.

 

 

Chile debe cambiar, y para eso, necesita un gobierno distinto, un gobierno con verdadera voluntad transformadora y eso es lo que venimos a ofrecer en este programa.  Atravesamos por un momento histórico, tenemos la fuerza y las ideas para plantear alternativa a este modelo injusto y desigual. El pueblo de Chile vive una exclusión creciente, en medio de una segregación social y territorial que hace que en un mismo país coexista -sin siquiera toparse- el derroche y la escasez; la salud y la enfermedad; el descanso reparador y extenuantes jornadas laborales.

 

Cada día vemos en los territorios y sus barrios la existencia de carencias insoportables para las familias de Chile que viven bajo estándares mínimos en materia de ingresos y de acceso a bienes públicos y que deben endeudarse de manera permanente para satisfacer sus necesidades más básicas tanto materiales como inmateriales.

 

Chile es un territorio habitado por diversas naciones y pueblos, pero aún no lo asume de manera justa, franca y abierta. Nuestro país debe reconocer su plurinacionalidad, avanzando en verdad, justicia, reparación y memoria para las primeras naciones que habitaron este territorio. Proponemos avanzar hacia la interculturalidad, la autodeterminación y a la integridad cultural y lingüística.

 

El objetivo de este programa es la interacción equitativa y pacífica entre los diversos pueblos y culturas que están presentes en el país, buscando el respeto y la promoción de las culturas, en un clima de diálogo, reconocimiento, respeto mutuo y valoración de la diferencia y la diversidad como fuente fundamental de riqueza.

 

Volver a la normalidad no puede ser una alternativa. El desafío que hoy tenemos es responder de forma audaz a las apremiantes necesidades sociales que ha dejado la actual crisis, pero con la visión puesta en las grandes transformaciones que nuestro país necesita y demanda. Las bases programáticas que aquí presentamos recogen esas necesidades y proponen un camino para hacernos cargo de este desafío histórico.

 

Cada una de las propuestas que a continuación se presentan, a consideración de cada uno de ustedes, se han construido con la responsabilidad que nos exigen los millones de chilenas y chilenos que han salido a las calles a demandar un país más justo y una vida digna y sin abusos para todos y todas. 

 

Proponemos recuperar los derechos sociales y trabajar conjuntamente en construir un Estado Social y Democrático de Derechos, con un enfoque de Derechos Humanos en la elaboración de toda política pública. En la misma línea, nuestro gobierno se guiará también por un enfoque de Seguridad Humana, comprometiendo el respeto irrestricto a las libertades para desarrollar una vida plena sin miedo, sin incertidumbre, sin miseria o necesidad y con dignidad.

 

Entendemos la seguridad como la posibilidad cierta y la capacidad de ejercer los derechos fundamentales, mediante estrategias de protección por parte del Estado y fortalecimiento del rol de las comunidades y las personas para anticipar, resistir y superar amenazas que pongan en riesgo la vida digna que vamos a construir.

 

Para que lo anterior sea posible, es necesario un modelo de desarrollo económico que supere el rentismo y el extractivismo y sea capaz de generar ingresos de calidad de manera sostenible. Proponemos así una Nueva Economía que cambie la forma en la que se crea y distribuye el valor de la producción (la genuina riqueza de un país), enriqueciendo nuestra matriz productiva, diversificándola y dotándola de mayores contenidos tecnológicos y de conocimiento, para cerrar así las brechas productivas que este modelo ha perpetuado, abogando por una integración regional y mundial mutuamente beneficiosa. 

 

Le proponemos a Chile avanzar hacia un nuevo modelo, propio y construido desde un enfoque de respeto y protección del Medio Ambiente, reconociendo los límites planetarios y los derechos de la naturaleza. Ninguna cuenca de Chile puede seguir siendo una zona de sacrificio. Por ello, implementaremos políticas públicas orientadas a un nuevo pacto eco-social y económico, que aborde conjuntamente la justicia social y ambiental, con especial atención a los desafíos que nos exige enfrentar la crisis climática y ecológica.

 

De la misma forma, entendemos que la riqueza económica radica en el valor del trabajo, por lo que un objetivo central de nuestro programa es aumentar la participación de los sueldos en el producto nacional. Las y los trabajadores estarán en el centro del modelo de desarrollo que buscamos construir. Por lo mismo, un enfoque de Trabajo Decente guiará políticas que comprometan trabajos productivos, con sueldos justos y protección social, bajo un absoluto respeto y promoción de los derechos laborales y la libertad sindical, para que por medio del trabajo podamos alcanzar el bienestar personal, familiar y nacional.

 

Una de las principales críticas hacia el modelo actual y que ha tomado más fuerza durante la pandemia es que las grandes empresas socializan sus pérdidas, pero gozan de sus ganancias de manera privada. Esto no solo ocurre en la esfera productiva, sino que también en la reproductiva. Los beneficios del trabajo doméstico y de cuidados son los que se socializan, pero los costos son asumidos de forma privada por las familias y muy especialmente por las mujeres.

 

Chile exhibe brechas de género persistentes y arraigadas, y por lo mismo, el enfoque de Igualdad de Género será otro de los pilares centrales de nuestro programa. Nos comprometemos a que las políticas públicas sean diseñadas desde el feminismo, buscando así transformar las estructuras que sostienen las desigualdades de género de nuestra sociedad.

 

Nuestra propuesta programática surge a partir de sueños colectivos que son total y absolutamente posibles de realizar, pero debe ser complementada con el cúmulo de saberes, experiencias y demandas sociales de cada rincón del país. Por esto, desarrollaremos una herramienta eficiente de participación ciudadana para mejorar y transformar esta propuesta en un programa de gobierno nacional que sea representativo de la mayor cantidad de sensibilidades sociales y políticas existentes en nuestro país.

   

Tenemos la oportunidad histórica de darle forma a la nueva sociedad que vendrá, basada en la nueva constitución, escrita por la ciudadanía e instalada por un gobierno con verdadera voluntad transformadora, que siente las bases de un país plurinacional, intercultural, feminista, paritario, próspero económicamente, justo e inclusivo y ambientalmente sustentable.

POR UNA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA Y SOBERANA.

El proceso constituyente en marcha ha dado cuenta de la necesidad de construir marcos de diálogo, a partir de una profunda participación de la sociedad en el debate y la toma de decisiones para la elaboración de la nueva Constitución.

 

En este sentido, junto con prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero necesario para el funcionamiento de la Convención, expresamos desde ya nuestra voluntad en orden a mandatar a la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, así como como al conjunto de los ministerios y Servicios Públicos para que, en alianza con los Gobiernos Locales y Regionales, coloquen plenamente a disposición de la Convención Constitucional las redes de participación ciudadana a lo largo y ancho del país, a fin de garantizar la plena participación de la sociedad civil en el debate constitucional.

 

Especialmente, mandataremos al Ministerio de Educación para incluir como obligatoria la asignatura de educación cívica y participación democrática en todos los niveles de enseñanza, incluida las Escuelas Matrices y de Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden; como asimismo implementar una campaña escolar educativa relativa al proceso constituyente para el año 2022.

 

Impulsaremos un canal exclusivo para la Convención Constitucional, a partir de la señal de televisión digital terrestre de Televisión Nacional de Chile. En el mismo sentido, enviaremos al Congreso Nacional en el mes de marzo próximo una ley que obligue a los canales de televisión de libre recepción, destinar gratuitamente una hora diaria de sus transmisiones a disposición de la Convención Constitucional.

 

En consulta y coordinación con la Convención Constitucional, enviaremos, en marzo de 2022, un proyecto de ley de reforma constitucional que establezca el mecanismo de plebiscito dirimente en torno a aquellas materias que a juicio de la Convención deban ser sometidas a este mecanismo de deliberación soberana de manera previa a la aprobación de la propuesta de texto constitucional.

 

Proponemos que plebiscito de salida se haga con la mayor votación posible de chilenos y chilenas tanto en Chile como en el extranjero, para lo que dispondremos de más lugares votación que permitan que la mayor cantidad de compatriotas participe activamente en este último paso para la creación de una nueva constitución soberana.

 

Finalmente, nuestro compromiso será la modificación de todo el entramado legal, para que la voluntad de los chilenos y chilenas, expresado en la nueva Constitución se realice de la manera más fidedigna en la realidad. Esto significará un amplio esfuerzo por adecuar leyes, normativas y decretos del antiguo Chile al nuevo ciclo político que se inicia.

REFORMAS ESTRUCTURALES
REFORMA TRIBUTARIA PARA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO

Proponemos una reforma estructural al sistema tributario, sumando herramientas para implementar este nuevo modelo de desarrollo. Identificamos tres problemas centrales que deben ser corregidos:


1.     Nuestra recaudación es comparativamente baja e insuficiente respecto a las necesidades financieras del Estado.

2.     La carga tributaria está distribuida de manera injusta, puesto que quienes tienen más no contribuyen proporcionalmente más.

3.     y en un país donde predominan las rentas económicas de los recursos naturales, el Estado no posee instrumentos para capturar una parte mayoritaria de ellas.


El programa que ponemos a disposición del pueblo de Chile, contempla reformas urgentes que han sido postergadas por décadas y que aumentarán el gasto de los futuros Gobiernos, por lo que se hace indispensable generar mayores ingresos permanentes para el Chile que soñamos.


De manera responsable planteamos que el mayor gasto tendrá un correlato en una mayor recaudación tributaria entre 8 y 10 puntos del PIB. Proponemos una reforma estructural acorde a los desafíos que enfrentamos en esta coyuntura histórica. De esta manera, vamos a cerrar una parte muy significativa de la brecha de recaudación respecto de los países desarrollados, cuando tenían nuestro actual nivel de ingreso.


En nuestra propuesta, el crecimiento de los ingresos tributarios vendrá de la mano de un aumento en la proporción de la recaudación proveniente de los impuestos a la renta y al patrimonio, reduciendo la contribución relativa del IVA. Así, el principio recaudatorio será que las y los ciudadanos con mayores recursos, serán quienes incrementarán su contribución al bienestar general a través del pago de impuestos.


Lineamientos estratégicos


I.                Cambios al impuesto a la renta

 

Dada la estructura de nuestro sistema de impuesto a la renta, las personas de altos ingresos no pagan impuestos acordes a su capacidad contributiva, especialmente cuando las fuentes de estas rentas provienen de grandes empresas. De hecho, el Impuesto Global Complementario, que grava ingresos provenientes de fuentes distintas al trabajo, tiene una recaudación negativa: en promedio, se terminan realizando devoluciones de impuestos.


Por lo anterior, resulta urgente un cambio estructural que se materializará en las siguientes medidas:


1.     En el caso de las grandes empresas, que actualmente están en el sistema semi integrado, proponemos desintegrar el impuesto a la renta, separando el impuesto que paga una empresa de aquel que le corresponde pagar a sus socios y socias una vez que deciden retirar las utilidades.

2.     Las pymes mantendrán en lo sustancial su tratamiento y carga tributaria actual ligado a regímenes preferentes.

3.     Es necesario incrementar la progresividad del sistema. Proponemos modificar los tramos y tasas de impuesto para aquellos ingresos que superen las 90 UTM mensuales (sobre $4.600.000). Esto incrementará la carga tributaria, únicamente, del 1,5% de los impuestos personales de las y los contribuyentes más ricos.

4.     El aumento de la carga tributaria proveniente de las rentas del capital será efectivo tanto para residentes como para no residentes a efectos tributarios.


II.               Reducción de las exenciones y privilegios tributarios


Proponemos la eliminación de una serie de exenciones y privilegios que ya no cumplen con la motivación económica o social que las inspiró al momento de su generación e implican una fuente muy importante de gasto tributario, dentro de ellas:


1.     Eliminar la exención de impuesto a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles.

2.     Rebajar el beneficio de las 8.000 UF de exención en las ganancias de capital obtenidos en la venta de inmuebles y eliminar el impuesto sustitutivo de 10%. Dichas rentas pagarán impuestos personales como cualquier otra.

3.     Eliminar el régimen de renta presunta. Todos los y las contribuyentes pasarán al régimen general (desintegrado o pyme, según corresponda).

4.     Eliminar la exención del pago de impuesto de primera categoría a los Fondos de Inversión Privados, y revisar la tributación de los Fondos de Inversión Públicos.

5.     Eliminar los beneficios asociados al diésel y los combustibles, tales como su exclusión de la base del IVA y el crédito del diésel para transporte de carga e industrias. Asimismo, aumentar el impuesto específico al diésel, que actualmente es de solamente una cuarta parte del impuesto a las gasolinas, a pesar de que su impacto en términos ambientales es incluso mayor.

6.     Eliminar el crédito especial a empresas constructoras.

7.     Limitar beneficios asociados a los DFL2, especialmente respecto a los inmuebles adquiridos antes de 2010.

8.     Limitar el uso de pérdidas tributarias como un gasto tributario por un plazo igual a los plazos de prescripción.

9.     Gravar, de manera eficiente, fuentes contaminantes a través de una estructura de impuestos verdes que incentive procesos de cambio tecnológico y minimice el traspaso de agentes contaminantes desde fuera del país a través de la sustitución de producción nacional por bienes importados.

     

III.              Royalty a la gran minería del cobre y recursos naturales

 

A pesar de que el Estado posee el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible sobre todos los yacimientos de cobre de nuestro país, sus rentas van a parar a manos de un puñado de grandes conglomerados nacionales y transnacionales. Aprovecharemos que el 80% de la producción de la gran minería del cobre termina sus contratos de invariabilidad tributaria para reemplazar el actual Impuesto Específico a la Minería (IEM) por un royalty sobre las ventas, que nos permitirá recuperar una proporción significativa de las rentas, manteniendo los incentivos a invertir. En concreto, está política estará caracterizada por los siguientes aspectos:


1.     El royalty tendrá una estructura progresiva: Mientras mayor sea el precio del cobre, la tasa de regalía será mayor. La tasa efectiva será de en torno a 10% para niveles de precio que podemos considerar de largo plazo.

2.     Se introducirán incentivos para que el proceso industrial de refinación generado se desarrolle en Chile, revirtiendo la creciente tendencia a vender el mineral en forma de concentrado.  

3.     El royalty vendrá acompañado de un fortalecimiento de las capacidades fiscalizadoras de las instituciones estatales relacionadas, cerrando espacios a evasión y elusión.

4.     Se analizará la implementación de un royalty a la extracción a gran escala de otros recursos naturales.


IV.             Impuestos patrimoniales


Dentro de las medidas destinadas a otorgar mayor progresividad a nuestro sistema tributario, proponemos la implementación de un impuesto permanente a los patrimonios dirigido a las y los súper ricos. En la medida que se encuentren correctamente construidos, los impuestos patrimoniales no afectan la inversión ni a los sectores medios de la población. Este impuesto tendrá las siguientes características:

 

1.     Se considerará el patrimonio que las y los residentes mantengan tanto en Chile como en el extranjero. 

2.     La base imponible del impuesto deberá reconocer todos los activos y pasivos de las y los contribuyentes en base a normas especiales de valoración.

3.     Como medida de control especial para la aplicación de este impuesto, proponemos la existencia de un impuesto de salida (exit tax), que implica  gravar el patrimonio de quienes presenten una solicitud para dejar de ser residentes del país. 

4.     Asimismo, realizaremos modificaciones a la ley de herencias y donaciones de forma que este impuesto incremente su aporte al fisco. Además, mejoraremos el sistema de valorización de inmuebles.


V.              Medidas contra la evasión y elusión

 

La evasión y elusión representa más de siete puntos del PIB, y se concentra principalmente en sectores de mayores ingresos, ya que su principal foco está en el impuesto a la renta. Combatirla es a la vez un asunto de igualdad ante la ley y una indispensable herramienta de recaudación. Al respecto, proponemos:

 

1.     Continuar con los procesos de colaboración internacional en materia de intercambio de información tributaria, evitando el traslado de beneficios a otras jurisdicciones y la erosión de la base imponible.  

2.     Reforzar la Norma General Antielusiva. Entre otras mejoras, es indispensable que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pueda calificar una operación elusiva dentro de un procedimiento administrativo como ocurre en todos los procesos de fiscalización.

3.     Revisar las normas especiales antielusivas, para que sean una herramienta efectiva de fiscalización y resulten de fácil comprensión para las y los contribuyentes.

4.     Implementar nuevas medidas de control anti elusivas, como el término del secreto bancario para fines tributarios.

5.     Descentralizar la facultad de querellarse por delitos tributarios, que actualmente recae sobre el Director Nacional del SII.

6.     Dotar de mayores recursos tanto al SII como al Servicio Nacional de Aduanas para el desarrollo de su función.

REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES PARA UNA MEJOR VEJEZ

El desafío que enfrentamos es la construcción de un sistema de seguridad social que pueda entregar pensiones con criterios de justicia social y justicia actuarial, de manera que podamos actuar bajo los principios de la seguridad social, creando un sistema que sea tripartito, solidario, digno, público y con igualdad de género.

 

Enfrentamos una abrupta caída en la legitimidad del sistema de pensiones, que se produce como resultado del sistema mismo, mientras la población pide un sistema de seguridad social centrado en componentes de solidaridad para mejorar las pensiones, las AFP son sistemas de seguros privados que no pueden hacer frente a esas demandas. Este mismo proceso ha llevado a la reciente reversión en 11 países de los sistemas de capitalización individual, buscando distintas formas que permitan restablecer los principios de la seguridad social.

 

El sistema de pensiones basado en las AFP fracasó. No fue capaz de cumplir lo prometido. Hoy, cuando las primeras generaciones que se vieron obligadas a participar de este sistema empiezan a pensionarse, queda al descubierto el drama social que significa para Chile el desmantelamiento de la seguridad social. El resultado básico de la reforma de 1981 es que los pensionados reciben una pensión contributiva equivalente al 20% o menos de su último sueldo. Y esta tasa de reemplazo irá disminuyendo para las próximas jubilaciones, dada una rentabilidad de los fondos de pensiones que estará en torno al 3% para las próximas décadas, muy lejos del 7,8% que promedia el sistema desde su inicio.

 

La cobertura del sistema contributivo de AFP es, además, muy deficiente. Solo un 60% de la fuerza de trabajo cotizó para su pensión en el promedio de los últimos 10 años, lo cual es reflejo de la informalidad en el mundo del trabajo y la precariedad a la cual se encuentran sometidos, arrastrando lagunas previsionales por cesantía o informalidad, que se concentran mayoritariamente en las mujeres, y en donde el 74% de las y los pensionados poseen una pensión más baja que el salario mínimo vigente ($326.500).

 

Por otro lado, como consecuencia de los efectos socioeconómicos de la pandemia y la insuficiente asistencia fiscal para su mitigación, 4,3 millones de trabajadores han quedado sin fondos en sus cuentas de ahorro previsional, luego de los tres retiros que han debido realizar del sistema de AFP. De este modo, la mayoría de estas personas solo podrá acceder a la pensión mínima del sistema y muchas otras afrontarán mermas significativas de sus futuras pensiones. Así, el retiro de fondos de las AFP ha logrado detener la caída de las familias chilenas, pero ha pavimentado un escenario futuro muy desalentador, si las y los trabajadores siguen en el sistema actual estamos condenados a un drama mayor para las pensiones.

 

El resultado es que el 70% de la población solo podrá aspirar a la pensión básica solidaria, el sistema de pensiones de capitalización individual se ha convertido así en el sistema de una minoría.

 

Lineamientos estratégicos

 

I.              La arquitectura de un nuevo sistema de seguridad social


La creación de un sistema de seguridad social moderno requiere la adopción de diversos instrumentos para la conformación de un único sistema de pensiones. Conforme a lo anterior, proponemos la creación de un sistema de pensiones basado en el concepto de la “escalera de la seguridad social”, propuesto por distintas agencias de Naciones Unidas, entre ellas la OIT y CEPAL, que permite aumentar la cobertura del sistema, mejorar las pensiones, asegurando los principios de solidaridad, universalidad, suficiencia y tripartismo (es decir, un esquema de financiamiento que integra a empleadores, las y los trabajadores y al gobierno).

 

La propuesta es una combinación de tres sistemas de reparto que se refuerzan entre sí: El reparto intergeneracional, el reparto intrageneracional y el reparto de género que toma como referencia las normas actualizadas de la OIT en materia de seguridad social, y en particular el Convenio 102, que proporcionan un conjunto de reglas mínimas aplicables a los sistemas nacionales de seguridad social aceptadas a nivel internacional. Dichas normas presentan una serie de principios que ofrecen orientaciones para el diseño, financiación, gobernanza y supervisión de los sistemas nacionales de seguridad social.

 

El Convenio 102 sigue siendo una referencia para el desarrollo de una cobertura integral de la seguridad social a nivel nacional. Los principios que han de aplicarse a la hora de la extensión de la cobertura de seguridad social, en sus dimensiones horizontal y vertical, se establecen en la Recomendación N° 202, donde la responsabilidad general y principal del Estado está destacada como un principio global que enmarca los demás principios.

 

II.             Objetivos, instrumentos y resultados esperados

 

1.     Objetivos:


a) Mejorar las pensiones de los actuales 2.2 millones de jubilados en un promedio de 53%.

b) Aumentar las pensiones de las mujeres, igualándolas a la de los hombres, aumentado en promedio sobre el 103%.

c) Asegurar que todos los beneficios sean sostenibles en el tiempo

d) Generar solidaridad entre los sectores de altos ingresos hacia los de bajos ingresos, sin reducción de las pensiones pagadas por el sistema.

 

2.     Instrumentos:


A continuación presentamos distintos instrumentos y mecanismos acordes con los objetivos planteados para la reforma al sistema de seguridad social:

 

1.     Pensión Básica Universal: Proponemos que todos y todas las jubiladas tengan un piso de dignidad por medio de una Pensión Básica Universal, igual a un 75% del salario mínimo vigente, que llegue a todo pensionado, de acuerdo a su edad legal de jubilación, e independiente de si es del régimen antiguo o de los nuevos pensionados. Esta pensión será financiada con los ingresos corrientes del Estado a partir de impuestos generales.

 

2.     Sistema de solidaridad intergeneracional. Este es un sistema basado en cuentas nocionales donde las cotizaciones en cada período de tiempo pagan pensiones de los actuales jubilados y jubiladas, pero además financian un Fondo de Ahorro Colectivo para pagar las pensiones futuras. El Fondo de Ahorro Colectivo, lleva un registro de los aportes realizados por quienes trabajan dando lugar durante la etapa de la jubilación a derechos sobre lo recaudado. Estos valores se incrementan conforme a un rendimiento acordado en un amplio contrato social (habitualmente relacionado con el crecimiento del ingreso per cápita o de la masa salarial).

   

3.     Componente de género: El cálculo de la pensión poseerá un elemento de reparto de género. Por medio del reparto simple se mejoran las pensiones de las mujeres, pagando 5 años más de cotizaciones por un lado, cerrando lagunas previsionales y reconocer el trabajo no remunerado en los montos acumulados en las cuentas nocionales. Además, se calcularán las pensiones con tablas de mortalidad sin distinción de género, esto implicaría un aumento de las pensiones de las mujeres en un 50% promedio, igualando para todos los efectos las pensiones recibidas por hombres y mujeres.

 

4.     Fondo de capitalización colectiva: Proponemos crear un fondo que se alimentará de las cotizaciones corrientes y del rendimiento de sus inversiones para pagar pensiones mediante un Aporte Solidario Complementario. El excedente incrementará a una Reserva Técnica que a futuro, cuando el costo supere a la prima (gastos mayores que ingresos por contribuciones), se utilizarán para cubrir la diferencia. De esta manera, se sortea el problema del envejecimiento de la población. Al ser contributivas, estas alternativas buscan una justicia actuarial (mejor pensión por cumplir obligación de cotizar), pero que también pueden incluir mecanismos para garantizar solidaridad para evitar excluir a muchos que no tienen una trayectoria suficientemente densa de cotizaciones a lo largo de su vida laboral.

 

5.     No más AFP en el sistema de pensiones: Las AFP ya no podrán cobrar cotizaciones, calcular pensiones o pagar las pensiones. Se termina con la cotización obligatoria a las AFP y con las cuentas individuales dentro del sistema de pensiones. En cualquier caso, las y los trabajadores que quieran ahorrar fondos extra para su pensión, podrán contratar un seguro privado en una compañía de seguros, las que en ningún caso podrán acceder a entregar pensiones con los fondos acumulados dentro del nuevo sistema. Con esto se eliminará la modalidad de Retiro Programado, que entrega una pensión decreciente en el tiempo al afiliado, y se entregarán pensiones estables en el tiempo dando seguridad a las y los pensionados, quienes a medida que envejecen tendrán los recursos necesarios para vivir dignamente.

 

6.     Inclusión de independientes y por cuenta propia al sistema de seguridad: Es necesario que la fuerza de trabajo que actualmente no cotiza comience a contribuir a la seguridad social y así puedan ser incluidos entre las y los beneficiarios del sistema contributivo. Esta cotización se incorporaría al Fondo de Ahorro Colectivo en el que las y los trabajadores cotizarán por un ingreso mínimo mensual. Asimismo, se propone la creación de incentivos, con cargo a los impuestos generales, para personas del sector informal y de bajos ingresos, de manera de complementar las contribuciones de aquellos que lo hagan sin tener la obligación legal de hacerlo.

 

7.     Retiro del 100% de las AFP: Sobre los recursos aposados en cuentas individuales, entendemos que son propiedad de cada afiliada y afiliado y que ante un cambio de sistema debemos respetar sus derechos de propiedad, pero a la vez ofreciéndoles un sistema de seguro social donde puedan voluntariamente incorporar sus recursos ahorrados, para obtener pensiones siempre más altas que las que entrega el actual sistema.

 

8.     Seguridad con Inversión pública: Los recursos administrados por el Fondo de Ahorro Colectivo irán a financiar preferentemente inversiones de gran impacto social, con el requisito de tener una tasa de rendimiento asegurada por el Estado, esto permitirá que los fondos de pensiones no sufran fluctuaciones perceptibles por tasa de interés, para asegurar la consistencia de los pagos comprometidos con los fondos.

 

3.     Resultados esperados:


Esta propuesta de reforma busca profundizar lo ya iniciado el año 2008, mediante la creación del Pilar Solidario no contributivo de cargo a los impuestos recaudados por el Estado. Y toma las principales propuestas de la recomendación 202 de la OIT sobre Pisos de Seguridad social y el convenio 102 de la OIT sobre Seguridad Social para reestructurar el sistema previsional bajo los principios de esta, modificando tanto la manera de financiamiento de los beneficios como los actores principales de administración del sistema. El primer escalón universal, es la Pensión Básica Universal; el segundo escalón, corresponde al contributivo obligatorio, donde se ubica el piso solidario de pensiones contributivas mínimas y el de corrección de inequidades de género; y un tercer escalón, voluntario de seguro privado.

 

Por medio de la solidaridad Inter generacional mejoraremos las pensiones de 2.2 millones de actuales jubilados, así mismo por medio de la solidaridad de género aumentaremos las pensiones de las mujeres en 103% y usando la solidaridad intra generacional mejorarán todas las pensiones futuras en un 53% promedio, con mayor énfasis en las pensiones más bajas.

REFORMAS AL SISTEMA DE SALUD PARA MAYOR COBERTURA, RESOLUTIVIDAD Y OPORTUNIDAD

Entendemos la salud como un derecho humano fundamental. Esto implica reconocer y construir nuevas prácticas de salud como “la salud en el territorio”, “la salud en manos de la comunidad”,salud de los ecosistemas”, la “salud integral”. Desde esta concepción, la salud no es la mera ausencia de enfermedad, sino que se construye en el devenir de la vida de las personas y las comunidades, son los procesos históricos, sociales y biológicos, lo que configuran la salud colectiva. 

Reconocer la base social de los procesos de salud y enfermedad, así como la producción y reproducción de la salud en los territorios, es un tema central en el proceso de transformación del sistema de salud y de la manera en que entendemos y desarrollamos los procesos de reforma sanitaria. Para ello es necesario establecer un diálogo desde la transdisciplinariedad, la intersectorialidad y la multidimensionalidad, donde estén presentes los distintos saberes y prácticas, incluyendo las prácticas ancestrales de salud de cada uno de los pueblos.


Estamos proponiendo al pueblo de Chile esta reforma y programa de salud desde la concepción de un Estado Social, democrático, plurinacional, antipatriarcal, solidario y respetuoso de los derechos humanos basado la ética y la justicia social. Nuestro programa considera a la persona como un ser integral, autónomo, sujeto de derechos, que ejerce ciudadanía participando en la elaboración de las políticas públicas, que está incluida en una comunidad, con respeto a su saber y su cultura.

 

Los principios que orientarán la transformación del sistema serán el enfoque de derechos, la participación social, La universalidad, la no exclusión, la integralidad de la atención y la salud, la gratuidad, el financiamiento fiscal, el enfoque de curso de vida, la  Interculturalidad, la perspectiva de género, la intersectorialidad, el diseño centrado en la atención primaria y los territorios, el foco en la prevención y promoción, la calidad humana y técnica, la efectividad, eficiencia y transparencia y la democratización el acceso y producción del conocimiento en salud.

 

LA REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA

 

Ejes de la reforma sanitaria:

 

Las políticas públicas y en particular las de la salud, se han caracterizado por una falta de coherencia e integración. Se han visto más bien políticas o programas de parche que no van al origen de los problemas, con ausencia de planificación y participación efectiva y con un limitado liderazgo desde el sector sanitario, ya que más bien ha estado supeditado a los intereses y prioridades económicas. La profunda reforma sanitaria que la ciudadanía viene reclamando hace ya muchos años, requiere un conjunto de acciones tanto al interior del sistema de salud como en el ámbito intersectorial, referido al sistema público y en el ámbito privado.

 

El logro de la reforma aquí propuesta requiere diversos tiempos y plazos, es por ello que su implementación será un proceso gradual en el tiempo, por ejemplo, varias de las iniciativas que se proponen tardarán unos cuantos periodos de gobierno. Estos ejes serán parte de las bases de un proceso de transformación que queremos entregar como legado a las futuras generaciones, para conseguir una salud más humana, digna y solidaria.


Nuestro programa aborda las siguientes dimensiones:


La urgencia de actuar sobre los determinantes sociales para eliminar las desigualdades en salud:


1.     Incorporar el enfoque de determinantes sociales de la salud en el quehacer de diagnóstico, priorización, planificación, programación y evaluación del sistema de salud y del conjunto del Programa de Gobierno.

2.     Implementar un sistema de monitoreo de las desigualdades en salud y de los determinantes sociales que permita la integración de información de los diversos sectores y un sistema integrado de bases de datos para orientar el quehacer de los gobiernos locales, regionales y nacional.

3.     Incorporar y fortalecer el trabajo intersectorial y salud y equidad en todas las políticas para el conjunto del programa de gobierno y en salud en particular.

4.     Establecer en la normativa de evaluación de programas (MIDESO, DIPRES) y presupuestaria (DIPRES, Congreso), un Informe de Impacto en Salud para los proyectos de Ley que sean tramitados, bajo un enfoque de determinantes sociales de la salud y de equidad en salud.

5.     Revisión del conjunto de los programas de salud pública, con el fin de integrar de manera progresiva la determinación social en la formulación y contenidos de cada uno de los programas y en las acciones del sistema de salud en sus distintos niveles de atención, y particularmente desde y en los territorios.


Participación social como eje estructural del sistema salud:

 

1.     La participación social debe ser incorporada en todos los procesos de la planificación y gestión de salud, desde un rol orientador en el diagnóstico, como un acompañante y deliberante en los procesos de gestión; y finalmente, en los procesos de rendición de cuentas que contribuyan a la transparencia de las decisiones.

2.     Deben establecerse mecanismos para romper con las formas autoritarias en la configuración de ciertas relaciones cotidianas, que limita o impide que los sujetos y sus familias puedan ser agentes de su propia salud y recuperación o, en palabras de Freire, de su emancipación.

3.     Deberá revisarse la ley N° 20.500, y definir estructuras de participación social que permitan democratizar los procesos de gestión y planificación de salud en los diferentes niveles.

 

Modelo de atención y de gestión en la red pública al servicio las personas, familias y comunidades:


1.     Establecer la atención primaria de salud (APS) como eje ordenador del Sistema de Salud, articulando desde allí la red, con los dispositivos de mayor complejidad técnica, como especialidades ambulatorias, hospitalización y otros. Para ello se debe cambiar la Ley Orgánica de Municipalidades o generar otra fórmula para la integración.

2.     La comunidad incorporada en tareas de gestión y control de sus centros de la APS, estimulando las distintas instancias de organización territorial. Entre otras, se requiere evaluar la función de los CDL y modificar la ley N° 20.500.

3.     Modificación de los marcos legales que entraban la integración del sistema de salud: Los Servicios de Salud y su relación con la APS municipal. Esto obstruye la articulación como red nacional integrada, basada en la APS y los territorios, necesaria para asegurar la continuidad de los cuidados de las personas.

4.     Revisar la pertinencia poblacional y geográfica de los Servicios de Salud y su estatus político administrativo dentro del Estado, con estrecha vinculación a las estrategias de desarrollo local.

5.     Regular la integración operativa de los establecimientos del extrasistema bajo un nuevo modelo de atención y gestión de la red pública (incluyendo privados, FF.AA, mutuales, universitarios, ONGs DFL36).

6.     Desarrollar programas de cuidado, perfeccionamiento y progreso escalonado del personal de la APS y los centros ambulatorios de especialidad.


Trabajadoras y trabajadores como pilar central del sistema salud:


1.     Revisar y reformar las diferentes leyes de contratación, estatutos y escalas de grados del RR.HH en salud de todos los estamentos, incluyendo protección en la contratación privada para la construcción de una carrera funcionaria.

2.     Desarrollar e implementar una carrera funcionaria pública justa, equitativa, completa e integral que involucre su formación, especialización, desarrollo profesional y retiro, en condiciones justas y contribuyendo al desarrollo del país.

3.     Volver la tuición ética y colegiatura obligatoria de todos las y los profesionales y técnicos.

4.     Establecer una regulación efectiva de la formación de especialistas para la salud, junto con favorecer al sistema público universal, en materia de uso de campos clínicos.

5.     Descanso compensatorio de 10 días hábiles para el personal que se desempeña en tareas de alto riesgo.

6.     Elaborar programas de retención y estímulo para el personal sanitario del servicio público.

 

 

Reforma financiera para la equidad en salud y la eficiencia del sistema sanitario


Para avanzar hacia un sistema en que la contribución financiera sea justa y solidaria, sustituiremos gradualmente la cotización de salud por Aporte Fiscal desde los impuestos generales. Esto se traducirá en que las y los beneficiarios de FONASA disminuirán su aporte y verán aumentado su salario líquido hasta completar un 4,4% de su remuneración. En el caso de las y los beneficiarios de ISAPRES, esta medida no los afectará, ya que las primas de los planes de salud se financian por un mix de cotizaciones obligatorias y voluntarias.


Desde el punto de vista financiero, FONASA seguirá recibiendo el mismo nivel de recursos por sus propios beneficiarios, ya que la disminución de cotizaciones obligatorias será sustituida por Aporte Fiscal. Sin embargo, en el caso de las y los beneficiarios de ISAPRES, la sustitución de fuentes de financiamiento será conducida hacia el fondo público, por lo que FONASA aumentará gradualmente la disponibilidad de recursos que hasta ahora son administrados por la ISAPRES.


Para transitar hacia un sistema universal en que todas las y los beneficiarios tengan los mismos derechos, sin importar el monto de sus aportes, pondremos fin al subsidio público a las ISAPRES y prepararemos planificadamente al sistema sanitario en su conjunto para acoger en mejores condiciones a las y los beneficiarios que deseen atenderse en prestadores públicos o en privados integrados a la red pública bajo una nueva regulación.


Las y los beneficiarios que actualmente pertenecen a ISAPRES podrán disponer del total de su cotización voluntaria para mantener contratos de seguro privado suplementario con las mismas u otras instituciones de seguro, lo que permitirá acceder a prestadores privados a través de la red pública integrada o directamente.


De lo anterior se desprenden tres líneas de acción que debemos desarrollar:


1.     La regulación de la industria de los seguros privados voluntarios, donde podrán participar las ISAPRES y las compañías de seguros.

2.     El desarrollo institucional y la regulación de la red pública y la integración a ella de prestadores privados, bajo condiciones que habrá de definir desde la autoridad sanitaria en su rol rector.

3.     El rediseño de la modalidad de libre elección con interacción con seguros privados voluntarios y medidas para la reducción de los gastos de bolsillo y catastróficos.


Nuestra propuesta plantea que toda la atención en la red pública a las y los beneficiarios de FONASA sea gratuita, incluyendo las atenciones GES. Esto implica eliminar los copagos MAI y los copagos MAI-GES. Estos recursos serán sustituidos por Aporte Fiscal para compensar al FONASA y mantener la disponibilidad de recursos del sistema público.


También proponemos rediseñar la modalidad de libre elección (MLE), considerando una relación en red de los prestadores con derivación desde la atención primaria, ampliando los pagos a través de mecanismos del tipo GRD y PAD y sustituyendo el pago por prestaciones. De esta forma reduciremos el gasto de bolsillo y catastrófico. En esta misma línea, la iniciativa de farmacias y ópticas populares juega un papel importante y cercano a la comunidad.


Los recursos que se aportan a la salud deben ser asignados en función de las necesidades sanitarias, sin mecanismos de segmentación que perpetúan las inequidades de acceso, y con una visión global de la población. Los métodos de pago, que es la forma en que se transfieren los recursos a los prestadores, debe orientarse a promover la mayor eficiencia, actividades y calidad de la atención.


En materia de determinación del presupuesto, debemos pasar de presupuestos históricos a asignaciones poblacionales que promuevan la equidad en la distribución global a nivel de Servicios de Salud o regiones. En este sentido, el concepto de equidad vertical es relevante, ya que se trata de asignar más recursos a poblaciones que poseen mayores necesidades en salud. Esta macroasignación debe considerar el conjunto de la red, incluyendo la APS municipal y las actividades de salud pública.


En el marco del presupuesto poblacional asignado, debemos rediseñar mecanismos que orienten de mejor manera los incentivos en cada tipo de actividad. Es necesario sustituir los métodos que intentan simular mercados en salud, por métodos que reconocen la oferta y la demanda mediante presupuestos basales suficientes para el funcionamiento de la red, y en el margen con incentivos a la actividad, reconociendo la demanda, con pagos por casos, por case mix, y otras modalidades. La especificidad depende de cada ámbito de los servicios. Este último eslabón debe promover la eficiencia productiva y la productividad para mejorar tiempos y plazos, el trato a las y los usuarios y reducir las listas de espera, considerando en la priorización la voz de las y los beneficiarios desde sus propias organizaciones.


Varias de las intervenciones sanitarias de la Ley Ricarte Soto (Alto Costo) son complementos de las GES, pero no se reconocen como tales y eso fragmenta el financiamiento y la gestión. Esta es una de las formas que adoptan los sistemas que no están centrados en las personas, sino en los mecanismos financieros.


Por esta razón, debemos revisar su coherencia e integrar los mecanismos financieros para que las y los pacientes no deban recurrir a mecanismos financieros y prestadores distintos, para un mismo problema de salud. Es el financiamiento el que debe adecuarse a las personas y no al revés.


Para hacer consistente las transformaciones anteriores, que buscan poner al centro del sistema la atención primaria, es necesario redefinir dónde se instala la gestión financiera de la red y qué rol tendrá ese gestor. Hasta ahora sus funciones se centran en el ámbito hospitalario y prácticamente no tienen mayor injerencia en la atención primaria y en la salud pública. Por esta razón, una vez definido el modelo de atención y gestión, es muy relevante hacer los cambios institucionales que permitan concretarlo en el modelo financiero.

 

Transformación institucional para un sistema de salud universal


Las transformaciones que proponemos, especialmente aquellas de naturaleza financiera, requieren cambios en materia institucional. FONASA debe adecuarse a nuevas exigencias y rol, y debemos generar una institucionalidad de planificación financiera con una mirada estratégica y centrada en las personas.


Debemos desarrollar un marco normativo para la planificación presupuestaria multianual, especialmente para inversiones, cambio tecnológico y ampliación de capacidad productiva mayor a nivel de Servicios de Salud y regiones. Esto permitirá ir superando las brechas y adecuarse a los nuevos desafíos que se irán presentando.


El financiamiento de las licencias médicas (SIL) por enfermedad común seguirá siendo contributivo, por lo que 2,6 puntos porcentuales del 7% se mantendrán como cotización. Sin embargo, es el momento de hacer una evaluación sobre la equidad distributiva que estos subsidios provocan y su eficacia para lograr la recuperación de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Por esta razón, debemos evaluar alternativas de financiamiento que sean más flexibles al alza, en la medida en que el gasto en este componente tiende a crecer muy velozmente.


Así también debemos enfrentar una reforma institucional que de mayor agilidad y eficiencia a la institucionalidad que administra su tramitación y pagos, como son las COMPIN. Tramitar una licencia médica no puede transformarse en un calvario para las y los enfermos, ni tampoco en una responsabilidad de las y los trabajadores de dichas instituciones. El Estado debe asumir que ha desatendido las necesidades que allí se vienen acumulando durante muchas décadas. Junto a ello es fundamental analizar la interconexión entre los subsidios de salud general con los subsidios asociados a los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, dado que la falta de diagnóstico y notificación de problemas de salud del trabajo.

 

Fortalecimiento de la rectoría y reorganización del Ministerio de Salud (Minsal)

 

El Minsal debe cumplir un rol clave en lo que se denomina la función de rectoría del sistema sanitario. La gestión de la pandemia también ha demostrado falta de capacidades en áreas donde es muy relevante la conducción sectorial. Finalmente, un proceso de reforma estructural como el que se plantea, requiere de un Ministerio fortalecido en su rol de rector, pero a su vez la autoridad sanitaria requiere una profunda reorganización para vincularse con niveles intermedios del Estado y promover la participación social real y efectiva. En este sentido, proponemos:


1.     Fortalecer y reorganización el marco normativo ministerial para el ejercicio del rol rector sobre el conjunto del sistema de salud (privados, ISAPRES, FF.AA, etc.), incluyendo a los sectores generadores de recursos para la salud (universidades, farmacéuticas, farmacias, etc.).

2.     Reorganizar el Ministerio y fortalecer capacidades regionales (SEREMIS) y de vinculación con los gobiernos locales (municipios), para descentralizar la gestión y potenciar la participación social y el trabajo intersectorial. Asimismo, promover la reintegración de las funciones que hoy se encuentran disgregadas para una mejor articulación del conjunto de los servicios de salud colectiva (salud pública) e individual (servicios de salud).

3.     Fortalecer las capacidades, instrumentos e institucionalidad de la planificación en salud, incorporando una visión intersectorial e inserta en la estrategia de desarrollo social nacional.

4.     Revisar, fortalecer y rediseñar los sistemas de vigilancia y monitoreo de la salud para una respuesta oportuna y una planificación cercana a los problemas de las comunidades y territorios.

REFORMA PARA UN CHILE CON TRABAJO DECENTE

Valorizar el trabajo debe ser parte esencial del proyecto de desarrollo y un eje central del programa de gobierno. Sobre los millones de trabajadores y trabajadoras se levanta el país en sus diversas dimensiones, a través del trabajo dependiente, público y privado, informal, independiente, falso autónomo, con las labores domésticas y de cuidado no remuneradas, todos los que permiten el funcionamiento y crecimiento del país. A pesar de esta realidad, el modelo chileno ha dejado que unos pocos construyan un país que excluye a estas enormes mayorías de ciudadanos y ciudadanas.


Chile necesita construir un nuevo modelo de relaciones laborales para mejorar la calidad de su democracia, para ello será necesario redistribuir poder en el mundo del trabajo. Planteamos que el rol de las y los trabajadores no puede seguir en un plano inferior. Hay que implementar diversas medidas que permitan acrecentar su incidencia en las relaciones de trabajo, y con ello, mejorar la distribución de la riqueza que se genera en las empresas.


El principio fundamental que cruza nuestro programa laboral es otorgar importancia estratégica al trabajo decente, como uno de los elementos consustanciales que permiten entregar dignidad a las personas; como medio de subsistencia material de las grandes mayorías; como mecanismo de inclusión y cohesión social y de valoración social del ser humano; y como un componente productivo cada vez más relevante en la era de las tecnologías de la información, la sociedad del conocimiento y la globalización.

 

Para el avance y profundización de los derechos de las y los trabajadores de Chile, resulta prioritario reforzar aspectos propios de los derechos fundamentales, considerando el ejercicio de los derechos colectivos y el respeto a los derechos que toda persona tiene a no ser objeto de discriminación (a diferencia de lo que ocurre en nuestro país con las brechas de género); a la integridad física y psíquica, en atención a los altos niveles de estrés existentes y que se han potenciado con el uso de la tecnología; el derecho a la igualdad, donde todos puedan y deban asumir labores de corresponsabilidad, con un derecho a sala cuna universal efectivo, licencias para cuidados, entre otras múltiples necesidades.


Finalmente, consagrar un nuevo sistema de relaciones laborales anclado en el Trabajo Decente significará democratizarlo y reconocer de una forma amplia, autónoma y robusta a los representantes del trabajo y del capital. Sindicatos, empleadores y gobierno deben abordar, a través del diálogo social y de la Negociación Colectiva, los intereses que representan, en igualdad de condiciones, siendo necesario para ello eliminar las trabas y barreras existentes en el actual sistema de relaciones laborales del Plan Laboral, que ata al sindicalismo en su estructura, su funcionamiento y su quehacer sindical al nivel de empresa.


Lineamientos estratégicos:

 


Empleo y derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras

 

1.     Impulsaremos un aumento escalonado de manera semestral del salario mínimo en la legislación vigente, para alcanzar, al final del periodo, un salario mínimo de $567.000 que le permita a las y los trabajadores y sus familias salir de la pobreza. En el mes de abril de 2022 mandaremos este proyecto de reajustes plurianuales, que restablecerá la dignidad del trabajo por medio de sueldos justos.

 

2.     Vamos a impulsar una modificación del código del trabajo para disminuir la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales en el primer año de gobierno, permitiendo que las y los trabajadores puedan desarrollar una vida más plena. De la misma forma, estudiaremos seguir disminuyendo la jornada laboral hasta el estándar de 36 horas semanales, hacia finales de nuestro gobierno, disminuyendo drásticamente las extensas jornadas laborales que hoy vivenciamos en el mundo del trabajo.

 

3.     Fortalecer una normativa tendiente a la igualdad en las labores de cuidado de niños, niñas y adolescentes, que termine con el castigo a las remuneraciones de millones de trabajadoras y que permita al Estado dar cumplimiento al Convenio sobre la eliminación de todas formas de discriminación a la mujer.

 

4.     Revisar las normas de término de la relación laboral en el sector privado, analizando el alcance del despido por necesidades de la empresa y el tope de las indemnizaciones por años de servicio. En este mismo sentido, es necesario revisar la actual regulación del seguro de cesantía que mantiene a un margen importante de la población fuera, como ocurre con las y los trabajadores públicos, y adicionalmente beneficia al empleador con el descuento de sus aportes a la indemnización que recibe el o la trabajadora.

5.     Regular por Ley los límites a la subcontratación en Chile y las condiciones de contratación temporal, sea indefinida o por obra o faena transitoria.

 

6.     Elaborar un proyecto de ley que cree un Sistema Nacional de Capacitación, eliminando la franquicia tributaria y traspasando el rol de la capacitación laboral al sistema de educación superior, preferentemente al conjunto de Centros de Formación Técnica del Estado.


Fortalecer la participación de las y los trabajadores en la sociedad y en la economía

 

1.     Avanzar en la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, situándola más allá del ámbito de la empresa, eliminando la restricción de las materias a negociar y simplificando su procedimiento, en definitiva, proponemos una negociación colectiva ramal, por cada sector y subsector económico, donde los acuerdos alcanzados se convertirán en estándar para los y las trabajadoras sindicalizadas y las no sindicalizadas, llevando así la cobertura de la negociación colectiva al 100%. Dicha ampliación y la eliminación de las restricciones actuales debe posibilitar negociar, en planos de igualdad, las condiciones colectivas de trabajo, importando el fortalecimiento del actor sindical, promoviendo el aumento de la sindicalización por la vía de la titularidad sindical de los procesos de Negociación Colectiva. 

 

2.     Fortalecer instancias que permitan la articulación de las y los trabajadores a nivel ramal, permitiendo la negociación multinivel, lo que conlleva al reconocimiento de la huelga como un instrumento de la organización de las y los trabajadores para la defensa de sus intereses tanto en el ámbito privado como público. La huelga será reconocida a todo evento, al ser la principal estrategia sindical para alcanzar mejores condiciones laborales, la huelga podrá ser ejercida más allá de la negociación colectiva.

 

3.     Fomentar la redistribución de las ganancias y la participación política, a través del ejercicio de los derechos colectivos y el diálogo social, para lo que fortaleceremos el proceso de gratificaciones legales, repartiendo el 30% de las utilidades anuales entre los y las trabajadoras.

   

4.     Permitir el reintegro administrativo en caso de despido por la participación en actividades sindicales, entre otros aspectos, impidiendo que se produzcan prácticas antisindicales al interior de las empresas.

 

5.     Finalmente, el fortalecimiento del diálogo social puede considerar instancias existentes en nuestra legislación en favor de su fortalecimiento, generando un rol más vinculante y preponderante en la elaboración de Políticas Públicas, como ocurre con el Consejo Superior Laboral.


Equidad de género y corresponsabilidad


La igualdad entre hombres y mujeres debe ser garantizada en materia de empleo, trabajo, retribución y formación. Para ello, se debe modificar la actual regulación que profundiza el rol de cuidado en las mujeres, coartando cualquier espacio de corresponsabilidad dentro del empleo formal y que mantiene vergonzosas brechas salariales entre hombres y mujeres. En este sentido, es indispensable adecuar la actual regulación a los lineamientos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por nuestro país. Por eso, proponemos:

 

1.     Avanzar efectivamente en licencias de cuidados y derecho a sala cuna universal, sin distinción de género, con mayor cobertura en términos de fuero, especialmente en relación a cuidados postnatales y producto de enfermedades, que permita también a las y los trabajadores participar en el cuidado de niños, niñas y adolescentes, tendiendo a eliminar el desincentivo a la contratación de las mujeres, que genera su expulsión del mercado formal del trabajo o la condena a empleos precarios, considerando que la actual normativa incentiva la discriminación como parte de la gestión empresarial. Estas medidas deberán incluir a padres y madres trabajadoras}, homoparentales e independientemente de si son biológicos, no gestantes o adoptivos.

 

2.     La equidad salarial es fundamental para dar justicia y real valor al trabajo de las mujeres que aún se ven perjudicadas en sus remuneraciones en relación con los hombres. Para que el principio “igual pega igual paga” sea un derecho efectivo, se requiere fortalecer las herramientas de fiscalización a la actual ley y de denuncia para dar cumplimiento a esta exigencia, con sanciones claras por incumplimiento de parte de las empresas.

 

Trabajo no remunerado

 

Esta dimensión del trabajo humano permanece oculta en el ideario Neoliberal, tras ella están labores con rostro de mujeres e implica una negación de su condición de trabajo, así como su aporte al crecimiento económico y el bienestar de la sociedad.

 

1.     Esta política debe ser complementaria con un Sistema Nacional de Cuidados que incluya a las mujeres de los estratos de más bajos ingresos, facilitando su incorporación al mercado laboral. Proponemos que el Estado reconozca el trabajo doméstico no remunerado, pagando una remuneración mensual de, al menos, un 75% del sueldo mínimo vigente, que se implementará de manera progresiva, partiendo de los primeros 4 deciles de más bajos ingresos, hasta hacerse universal.

 

2.     Implementaremos un observatorio del trabajo doméstico no remunerado, que nos permitirá ir acompañando el proceso de remuneración, corrigiendo los incentivos que puedan ir en contra de la integración de la mujer al mercado laboral y que den lineamientos de política pública para su implementación universal.

 

3.     Además, esta política de remuneración debe ser complementada con el reconocimiento de la cotización para la pensión.


Estado comprometido con el trabajo decente

 

1.     Es necesario avanzar en reformas institucionales que fortalezcan el trabajo decente, a través de una Dirección del Trabajo cuyos lineamientos institucionales fije como criterio trascendental la fiscalización de trabajo informal, dotando de mayor capacidad operativa a sus funcionarios y funcionarias.

 

2.     Proponemos fortalecer instancias tendientes a la organización de trabajadoras y trabajadores asociados a sectores económicos que permita establecer mesas de negociación sobre distintas temáticas que puedan afectar a las empresas. La idea es fomentar una cultura de organización de los propios trabajadores y trabajadoras que incentive la recepción de denuncias por parte del Estado por canales más expeditos para estas instancias, permitiendo una actuación oportuna frente a la vulneración de derechos fundamentales o infracción de la normativa laboral.

 

3.     Adicionalmente, se requiere reforzar la Oficina de Defensa Laboral, con una envergadura que permita a las y los trabajadores que carecen de recursos, acceder a la justicia de forma oportuna y expedita.

 

4.     En materia de empleo público es necesario analizar la realidad de la contratación pública, considerando la existencia de las actuales plantas versus la cantidad de contratas, lo que ha generado una nueva instancia de judicialización y mayor gasto estatal. Asimismo, se debe tender a la eliminación de la contratación a honorarios en el Estado.

 

5.     Se deben extender la plena libertad sindical a las asociaciones de funcionarios y funcionarias del Estado, de manera que puedan ejercer un amplio derecho a huelga, asociación y negociación colectiva ramal.


Fortalecimiento de los derechos de los y las trabajadoras en los nuevos tipos de trabajo: 


1.     Uno de los fenómenos acrecentados por la Pandemia ha sido la aceleración de procesos de organización del trabajo que venían en desarrollo hace algunos años. Hablamos particularmente del teletrabajo, el trabajo a distancia y el trabajo mediatizado por plataformas tecnológicas.  Estas nuevas formas de organizar el trabajo humano si bien son una fuente de oportunidad para muchas mujeres y hombres, a la vez se ejecutan en condiciones que ponen en riesgo el reconocimiento y ejercicio de los derechos laborales, individuales y colectivos, y la protección en el ámbito de la seguridad social. Las nuevas formas de trabajo nunca pueden ser instrumentos para precarizar el trabajo, y la tecnología debe ayudar a generar Trabajo Decente.


2.     En nuestro gobierno, revisaremos la reciente ley de teletrabajo, aprobada sobre la marcha durante la Pandemia, con miras a introducir mecanismos con enfoque de género, modificar los aspectos perjudiciales para las y los trabajadores, como las jornadas de trabajo extendidas y sin límite, el no pago efectivo de los implementos de trabajo, la dificultad para ejercer los derechos colectivos, el incumplimiento de la obligación de cuidar eficazmente la salud integral de las y los trabajadores que recae en el empleador, entre otros aspectos. Asimismo, ejecutaremos planes de fiscalización desde la Dirección del Trabajo, para la cual fortaleceremos sus capacidades y sus facultades. 


3.     En lo que toca al trabajo en plataformas, promoveremos el pleno reconocimiento de la relación laboral de quienes se desempeñen en ellas, a través de un mecanismo que pueda ser aplicado administrativamente por la dirección del trabajo, sin que sea necesario recurrir a los tribunales de justicia como ocurre en la actualidad. Esto permitirá que los y las trabajadoras de plataforma puedan ejercer plenos derechos laborales, individuales y colectivos, los que serán exigibles a los dueños de tales plataformas, especialmente en las plataformas de servicios. Por otro lado, introduciremos la obligación de los dueños de las Plataformas de informar, primeramente, a las organizaciones sindicales, todo lo relacionado con el funcionamiento de los algoritmos detrás de ellas y que afectan todas y cada una de las condiciones de trabajo, el acceso a tales empleos y la permanencia. 


4.     Por último, la intensificación del uso de la tecnología y de la Inteligencia Artificial en el trabajo esta generando una brecha digital y una desigualdad que debe ser abordada de forma urgente. Los datos dan cuenta que en la actualidad quienes mejor pueden acceder a empleos con uso intensivo de estas nuevas herramientas son personas con mejores niveles de educación y que, además, en su mayoría son hombres y no mujeres. Esta doble discriminación, social y de género, la afrontaremos con programas nacionales de formación tecnológica y digital, incluidos en un nuevo sistema nacional de capacitación, que sea orientado a reducir las brechas digitales en todo ámbito, especialmente entre hombres y mujeres.


REFORMA, DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD

La reforma Neoliberal implementada por la dictadura de Pinochet desde 1979 generó las bases para desarrollar un sistema educativo basado en la libertad de emprendimiento, la oferta privada, el subsidio a la demanda y los principios de la competencia.

 

Desde el retorno a la democracia en 1990, estos lineamientos tienden a extenderse o, incluso, consolidarse, potenciando una continuación con el periodo dictatorial, aunque algunas políticas buscaron integrar mercado y Estado, o ampliar el rol del Estado. De esta forma, durante más de 30 años la educación se estructuró bajo la idea del mercado. En la última década, esta tendencia experimenta un quiebre motivado por las masivas protestas estudiantiles de 2006 y 2011 que buscaban terminar con el mercado educativo y disputar la lógica subsidiaria del Estado Neoliberal, situando a la educación como un derecho.

 

Entre 2014 y 2018, el gobierno de la Nueva Mayoría desarrolló una serie de transformaciones en todos los niveles educativos. Estos cambios permitieron apoyar al sistema público, pero por la vía de una consolidación de la oferta pública, más que por cambiar la lógica de mercado imperante, implicando así un cambio de dirección respecto de la trayectoria histórica de las políticas escolares, pero no una transformación profunda del modelo de mercado en educación.

 

Desde el actual gobierno se han empeñado en desarmar o transformar las reformas implementadas, buscando reforzar aún más el rol preponderante y articulador del mercado y la competencia en el sector educativo. Esta agenda de profundización Neoliberal, sin embargo, queda virtualmente suspendida desde 2019, primero, por el movimiento social que comenzó en octubre de 2019; y segundo, por la crisis socio-sanitaria del coronavirus desarrollada desde marzo de 2020, que implicó que el gobierno se concentrara en programas virtuales (Aprendo en Linea, TVEduca) y buscara volver a la presencialidad de distintas formas.

 

Considerando este contexto, la reforma educacional que proponemos se estructura con una mirada doble: Por una parte, busca ir más allá de las reformas desarrolladas entre 2014 y 2018, con el objetivo de desmercantilizar el sistema educativo y robustecer la educación pública, tareas que siguen pendientes; y por otro lado, reconociendo los cambios en el contexto nacional, busca generar cambios para construir un sistema educativo de cara al futuro, orientado hacia un nuevo modelo de desarrollo y la construcción de una nueva sociedad. Para dar cuenta de este doble desafío, la reforma educacional se estructura en torno a cuatro lineamientos estratégicos que guían el conjunto de las medidas en los distintos niveles.

 

Lineamientos estratégicos

 

La reforma educacional que se propone debe articularse mediante cuatro ejes estructurantes transversales a cada nivel de la educación pública:

 

1.     Mejoramiento, valorización, potenciamiento o rescate de la educación pública.

 

●  Crear un financiamiento público que garantice el Derecho a la Educación, transformando la estructura de financiamiento de la educación pública en todos sus niveles (inicial, escolar y superior), para transitar desde una educación organizada bajo el subsidio a la demanda, a una educación con un fuerte componente basal, que permita cubrir los costos operacionales y promover la lógica de la colaboración por sobre la competencia.

 

●  Potenciar, reforzar y reorientar la implementación de la Nueva Educación Pública, a través de un aumento significativo de los recursos destinados al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (mientras no esté en régimen el cambio al modelo de financiamiento) y del aumento de la dotación de los profesionales de los servicios con un aumento en el grado de las responsabilidades claves y con fuerte componente técnico, potenciando así a la educación pública escolar y atrayendo a profesionales de buen nivel a cada servicio local. Asimismo, se propone potenciar el desarrollo democrático de las escuelas públicas, por ejemplo, a través de los Directorios Colegiados y los Centros de Mediación de Conflictos Estudiantiles.

 

●  Mejorar la infraestructura para el potenciamiento de la educación pública, promoviendo la construcción y remodelación de establecimientos educacionales públicos tanto en educación inicial como escolar, administrados por los servicios locales de educación o municipalidades, especialmente en sectores de crecimiento demográfico, a través de un fondo particular para ello.

 

●  Articular una red de Educación Superior Estatal, potenciando a las instituciones de educación superior públicas y construyendo una red pública de educación superior, con presupuesto y orientaciones propias, valiéndose de lo estipulado en la Ley N° 21.094.

 

●  Mejorar y democratizar el acceso a la educación superior, a través del diseño e implementación de programa de cuotas para la Educación Superior Pública, que garantice el acceso a las instituciones de al menos el 35% al 40% de estudiantes de la educación pública (Municipales, SLE y Corporaciones), considerando además aspectos interseccionales de la desigualdad en el acceso, como la igualdad de género, racismo y clase social. Junto con lo anterior, debemos revisar el sistema de acceso a las instituciones de educación superior en el conjunto del sistema terciario, considerando las notas de enseñanza media, implementación gradual de cursos fundacionales o bachillerato y disminuir el peso de las pruebas de selección, transformándolas en una prueba diagnóstica.

 

●  Generar una cobertura universal gratuita en instituciones públicas de educación superior, ampliando la gratuidad para el 100% de las y los estudiantes de la Educación Superior Técnica Profesional Estatal y Universitaria Estatal, reconociendo a la educación como un derecho y no como un bien de consumo, pero también potenciando el espacio estatal como una área prioritaria de desarrollo de este proceso. Esta propuesta debe comenzar a implementarse desde las instituciones regionales y concluir con las de la RM.

 

●  Democratizar el conocimiento en la base de nuestros territorios, desarrollando un programa de democratización del conocimiento público y gratuito, que implique disponer de un conjunto de cursos públicos elaborados por todas las IES públicas, sin restricciones de acceso, y como eje obligatorio para la acreditación de las instituciones. En paralelo, impulsaremos la creación de Universidades Abiertas en todos los territorios, en alianza con las municipalidades, instituciones de educación superior y demás instituciones relevantes para lograr dicho objetivo, cuyo propósito es desarrollar un programa de vinculación entre instituciones de educación superior, artes y medios locales, que permita unir el conocimiento, la comunidad y la cultura.

 

2.     Eliminar el mercado y la competencia como ejes estructurantes del sistema educativo chileno:

 

●  Ampliar la cobertura con altos estándares para la educación inicial, creando entre 60.000 y 100.000 nuevos cupos de niveles medio y sala cuna, incluyendo la construcción y remodelación con altos estándares de infraestructura y en conjunto con las comunidades escolares.

 

●  Cambiar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), de tal forma que permita integrar a los y las estudiantes de nivel socioeconómico medio-bajo, desarrollando un programa piloto de integración social (Escuelas Integradas) para disminuir la segregación educativa.

 

●  Nuevo trato hacia las escuelas y sus comunidades, cambiando, entre otros aspectos la institucionalidad sobre aseguramiento de la calidad, dejando de hacer público el SIMCE y reestructurando los objetivos y roles de la nueva institucionalidad que se desarrolle en reemplazo de la actual. Lo que buscamos es desarrollar un Sistema Nacional de Apoyo a las Escuelas y comunidades para la mejora de sus procesos de aprendizaje, basado en la retroalimentación y apoyo a los establecimientos, mediante procesos evaluativos administrados por las propias comunidades educativas.

 

●  Continuar con la eliminación del lucro en la educación superior, especialmente en las Instituciones de Educación Superior (IPs como CFTs), pues cerca de un 40% de las instituciones de formación TP siguen con fines de lucro, manteniendo una proporción importante de estudiantes capturada por las lógicas del mercado.

 

●  Asegurar la mejor formación en la educación superior, para que en el corto plazo todas las instituciones de educación superior tengan mínimos de investigación, desarrollo y formación de buen nivel.

 

3.     Mejorar y fortalecer las condiciones para el desarrollo y aprendizaje:

 

●  Equiparar las condiciones de enseñanza de la educación inicial provista por el Estado, homologando de manera efectiva las condiciones laborales de las trabajadoras de los jardines infantiles administrados por JUNJI, VTF e Integra, incluyendo sueldos, jornadas laborales, beneficios extra salariales y formas de contrato. Esta medida debe afectar al conjunto de trabajadoras del sector de la educación inicial. En la misma dirección, aumentaremos el número de técnicos por niños y niñas, estableciendo un coeficiente técnico de 2 Técnicos de Párvulos por cada 35 niños y niñas.

 

●  Mejorar las condiciones de enseñanza para los niños, niñas y jóvenes en la educación escolar pública de manera inmediata, aumentando progresivamente la relación de horas no lectivas respecto de las lectivas (buscando avanzar hacia el 40% no lectivo en todo el sistema). También promoveremos la eliminación de los profesores jefes e implementación de profesores tutores y el escalamiento de la co-docencia (no limitada a estudiantes a escuelas PIE), con énfasis en las escuelas públicas. Asimismo, se evaluará la implementación de una política de disminución de estudiantes por aula, la instalación de Centros de Apoyo Tutorial Integral y el desarrollo del programa Escuelas Abiertas en el conjunto del sistema público.

 

●  Poner el acento en la motivación por aprender y eliminar el estrés en los y las estudiantes, rediseñando el sistema de calificaciones del subsistema escolar. Avanzaremos, al menos en la eliminación de la calificación con notas hasta cuarto básico y en la construcción de un sistema de diversificación curricular para la Enseñanza Media, que permita estimular intereses y proyectos en cada escuela y liceo del país. Además, se proponemos avanzar en el desarrollo de la educación emocional y pensar la construcción de una nueva escuela, con relaciones basadas en el respeto y en los aprendizajes para la vida, desde una perspectiva ecocéntrica. Por último, haremos una evaluación exhaustiva de la Jornada Escolar Completa, buscando desarrollar una educación integral y diversa y no un estudio “para el SIMCE”.

 

●  Fortalecer del rol pedagógico de las técnicas en educación de párvulos, mejorando sus condiciones laborales y de formación, buscando resolver el status de formación en establecimientos de enseñanza media y fortaleciendo la formación inicial y en servicio de las técnicas de párvulos. Garantizaremos un 20% de horas no lectivas para participar en procesos de planificación y reflexión pedagógica.

 

●  Desarrollar una carrera directiva, entregando la formación y las capacidades a las y los directores para convertirse en líderes de redes de escuelas, reconociendo instancias de desarrollo profesional entre pares, estructura de trayectorias y progresión, incentivos laborales, entre otros aspectos.

 

●  Generar un proceso de reparación de la deuda histórica de las y los docentes, para resolver de manera efectiva una demanda pendiente por décadas y muy sentida del mundo docente.

 

●  Poner fin al CAE como instrumento de financiamiento estudiantil, evaluando medidas en beneficio de los actuales deudores (considerando la condonación progresiva de la deuda). Además, y como tránsito a la gratuidad universal, generar un sistema de financiamiento estudiantil (para los deciles sin cobertura de gratuidad) distinto que no tenga como intermediario a la banca.

 

●  Mejorar las condiciones de las y los investigadores en educación superior, priorizando la formación de postgrado nacional y la creación de una Carrera Nacional de Investigación con garantías sociales, promoción del trabajo digno, posibilidades de movilidad interinstitucional y construcción de un sistema digno para asistentes de investigación, asistentes de laboratorio y funciones similares.

 

 

4.     Construcción de un sistema inclusivo, basado en la justicia y dignidad social, incluyendo una perspectiva no sexista, inter y pluricultural:

 

●  Realizar un proceso de fortalecimiento y legitimación de los programas alternativos de educación parvularia, haciendo viable la co-existencia de los programas clásicos y los programas alternativos, reconociendo así la diversidad del país y de la sociedad chilena.

 

●  Desarrollar un programa para promover la inclusión educativa en Educación Parvularia, a través de la contratación de profesionales de apoyo para trabajar con niños y niñas con necesidades educativas especiales y para los ajustes curriculares pertinentes a cada realidad. El objetivo es desarrollar las capacidades en las instituciones para atender a la totalidad de las y los estudiantes, cualquiera sea su condición, apuntando a la integración sistémica y sistemática en los procesos educativos.

 

●  Desarrollar cambios para implementar políticas orientadas hacia la educación no sexista, incluyendo programas sobre sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, una reevaluación de la política de uniforme escolar y una revisión del currículum y orientaciones pedagógicas para incorporar y relevar el rol de las mujeres.

 

●  Construir una educación genuinamente intercultural y pluricultural, desarrollando un programa de interculturalidad escolar, que incluya un programa de mediadores interculturales, la creación de unidades de pluriculturalidad en los Servicios Locales de Educación y en los municipios y la promoción de una lengua de las primeras naciones en todas las escuelas del país.

 

●  Avanzar en mayor conectividad para estudiantes, desarrollando una política que permita acabar con las brechas digitales, a través de la entrega de computadores portátiles (de forma escalonada) a todos los niños, niñas y jóvenes del país, junto con apoyar en procesos de conectividad a sectores con brechas de conexión, poniendo énfasis en las zonas más alejadas o que no tienen acceso a internet.

 

●  Generar un modelo formativo común y transversal para todas instituciones de educación superior, organizando, bajo principios de ciudadanía, igualdad de género y educación no sexista, derechos sociales y cuidado del medio ambiente. Se busca, de esta forma, que considerando las particularidades geográficas, de misión y objetivos de cada IES, se pueda organizar un sistema coherente, orientado a las necesidades de futuro del país.

REFORMA MUNICIPAL PARA MEJORES GOBIERNOS LOCALES Y MÁS MUNICIPIOS POPULARES

Nuestro desafío es llevar al desarrollo a todas las chilenas y chilenos, para ello las municipalidades son el primer espacio donde la ciudadanía se relaciona con el Estado. Desde estos espacios descentralizados es donde debemos entregar soluciones que permitan disminuir las amplias desigualdades sociales en el país. Para ello nos proponemos llevar el modelo de Municipio Popular a todo Chile, proveyendo soluciones que abarcan sectores como salud, educación, cultura, deporte y recreación, lo que requiere un fortalecimiento de los presupuestos comunales, pero además una corrección en favor de las comunas con menores recursos.

 

La descentralización, según CEPAL, se puede definir como un proceso de trasferencias de competencias y recursos desde la administración central de un determinado Estado, hacia las administraciones sub nacionales. De acuerdo con Galilea Ocon, la descentralización presenta dos dimensiones, la “institucional" que se expresa en las normas que definen el ámbito  de las responsabilidades de cada nivel de gobierno, conceden espacio de libertades y/o restringen el rango de acción y definen las fuentes de financiamiento para su ejecución; y una dimensión denominada “descentralización fiscal", ligada a la primera y centrada en la magnitud relativa de los recursos disponibles a nivel descentralizado y/o el volumen de gastos de los gobiernos sub nacionales en relación al gasto del gobierno general.


En Chile, consecuentemente, el poder político se encuentra sumamente concentrado, y la descentralización fiscal, y por tanto, la distribución del poder entre los distintos niveles sub nacionales es reducida en relación a los países desarrollados. Esto se traduce en un Estado mucho más impermeable a las necesidades y presiones de la ciudadanía y mucho más cercano a los intereses de la clase dominante. La OCDE, ubica a Chile en una situación única comparada con otros países miembros, con un gasto público total débil, así como un bajo nivel de gasto municipal como porcentaje del total del gasto público, que implica un bajo gasto Público y una baja descentralización.

 

Este bajo financiamiento ha provocado que amplios  sectores  sean  olvidados por el Estado, dejando gran parte de la provisión al mercado, y han afectado en gran medida a las personas de las comunas más pobres del país, que ven que sus ingresos no alcanzan para costear remedios, que no tienen una educación de calidad porque no la pueden pagar y que no tienen espacios donde puedan desarrollar actividades deportivas, culturales ni de recreación.

 

Las comunas de menores ingresos no cuentan con espacios donde la comunidad desarrolle actividades culturales, deportivas y de recreación. Además, hay diagnósticos que señalan una ruptura entre las instituciones educativas y la sociedad civil, debido a la creencia generalizada de que la educación de las personas es solo un asunto de las escuelas. Al abrir las escuelas se está aprovechando infraestructura ya existente para transformarlos en verdaderos centros culturales y deportivos, para el desarrollo pleno de las y los habitantes del entorno de la escuela, generando diálogo y mayor participación en el proceso educativo. Además, contribuye a la apropiación del espacio público por parte de la comunidad.

 

En la Región Metropolitana esto resulta evidente cuando se comparan los per capitas que produce el sistema de Financiamiento Municipal, que reproduce la Concentración económica que se da en la sociedad. Municipios como Vitacura tienen ingresos per cápita de $1.136.000, mientras que Cerro Navia cuenta con un per cápita de $143.000. Se necesita entonces, un nuevo modelo de desarrollo y una nueva repartición del poder y de los recursos entre los territorios y las distintas clases sociales para lograr un crecimiento y unas productividades óptimas y, a la vez, más equilibradas e inclusivas, y que pueda movilizar los factores de crecimiento y componentes de productividad local, regional y nacional.

 

Se propone la implementación de las iniciativas populares en todas las comunas del país, con un financiamiento estatal para los gobiernos locales, de forma tal que se logre un aprovechamiento de las capacidades específicas de cada territorio, promover su desarrollo y plantear como objetivo principal del modelo local las necesidades que las mismas comunidades señalen.

 

Los puntos críticos del financiamiento municipal surgen primero de concebir los espacios descentralizados como indispensables en la derrota a la desigualdad, por lo que es posible decir que la composición presupuestaria de los municipios chilenos apalanca la desigualdad. Luego, es posible ver que existen varias dimensiones de mejoramiento que deben ser tomadas.


Lineamientos Estratégicos:


El programa se guía por cuatro lineamientos centrales, que se expresan luego en las propuestas programáticas. Primero, impulsar el desarrollo social y territorial más equitativo, promoviendo mejores servicios para los vecinos y vecinas, a través de las diversas iniciativas de carácter popular actuales y futuras. Segundo, permitir la remunicipalización de sectores económicos y productivos, licitándolos a  cooperativas de trabajadores y trabajadoras de las propias comunas. Tercero, aumentar las autonomía de los gobiernos locales, para lo cual se debe modificar la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de tener gobierno locales más democráticos, autónomos y modernos. Y cuarto, democratizar el financiamiento municipal, generando un financiamiento per capitado nacional, con reglas de mejoramiento, de acuerdo con las necesidades comunales e ingresos públicos que crecen con el aumento de tareas y responsabilidades municipales.


Propuestas programáticas:

 

1.     Proponemos enviar un proyecto de ley en marzo próximo que modificará la ley orgánica municipal, transfiriendo a los municipios como función exclusiva las tareas de gestión urbana (ejecución y control de las normas de uso del suelo, regulación del transporte, recolección y tratamiento de desperdicios, alumbrado público, mantención de áreas verdes y espacios recreativos, cuidado de ecosistemas locales), la salud primaria, las tareas de cuidado y la promoción de la producción y el empleo local, sin perjuicio de los roles normativos regionales y nacionales.

 

2.     Impulsaremos la modificación  del artículo 121 de la Constitución Política, para permitir a los municipios gestionar autónomamente sus recursos humanos, definiendo la organización, cargos, perfiles y remuneraciones, de acuerdo a las condiciones de cada municipio, en un marco de respeto de los derechos de las y los funcionarios municipales, una vez en cada periodo y con aprobación del Concejo Municipal.

 

3.     Sobre los Ingresos Propios, que incluyen a los Ingresos Propios Permanentes y el Fondo Común Municipal (FCM), proponemos que todos los ingresos vayan al FCM, los que se distribuyan de una manera distinta, mediante un per cápita comunal parejo, el cual será corregido, otorgando un per cápita adicional a aquellas comunas que presenten mayores desafíos de desarrollo comunal. Por otro lado, se debe financiar cada nueva atribución o tarea que se le otorga a los municipios, como un presupuesto permanente.

 

4.     El aporte del Estado debe llevarnos a la creación de un fondo espejo estatal o Fondo Municipal Nacional, con respecto al nuevo Fondo Común Municipal, el cual tendrá un valor cercano a los $2.974.724 millones, es decir, US$3.541 millones de dólares, que equivalen al 1,41% del PIB. Este incremento significaría que el fondo total llegará a los $7.333.593 millones y el aporte estatal significaría el 42% de los recursos municipales.

 

5.     También debiera establecerse el Fin del Pago del IVA, de manera permanente a los municipios, lo que significaría un ahorro adicional de 200 mil millones anuales, según la ACHM.

 

6.     Se entregará a los Municipios la capacidad de endeudarse hasta en un 10% de los ingresos propios por un periodo o más, con la aprobación de los Concejos Municipales, con el fin exclusivo de financiar inversión comunitaria, lo que debiera tener garantía estatal.

 

7.     Se dotará de una mayor autonomía a los municipios en la aplicación de tasas tributarias en materia de Impuesto Territorial, además de la patente industrial y comercial y el permiso de circulación, por sobre la tasa nacional, cuyo producido sea de exclusivo beneficio de cada municipio.

 

8.     Se permitirá la re municipalización de la producción de algunos productos, bienes y servicios que representan derechos sociales que el Estado debe asegurar, incorporando algunos derechos sociales emergentes no incorporados en los tradicionales derechos sociales como es el acceso a internet, y otros en los que el funcionamiento de él provoca perjuicios a la comunidad, ya sea por precios excesivos o por externalidades negativas de la operación, lo que alude al hecho de retornar el carácter público a la prestación privada de un servicio.

 

9.     Implementar, a través de las “Inmobiliarias Populares”, una política de construcción de viviendas públicas de carácter masiva, de bajo costo, de diversas tipologías y con una localización óptima para acceder a las oportunidades urbanas, a través de subsidios de arriendo a precio justo. Se fijará el 10% de la renta autónoma del hogar como máximo para el pago del arriendo.

 

10.   Otorgar un presupuesto estatal para la instalación inicial de un espacio para la farmacia popular a las comunas que aún no la tienen y financiar gastos operacionales a todas las comunas para la entrega de fármacos a precio justo.

 

11.   Entregar presupuesto a las municipalidades para utilizar las escuelas municipales y abrirlas para el uso de la toda comunidad, incluyendo a estudiantes y apoderados y también a quienes habitan el entorno de cada escuela, con el propósito de construir un proyecto educativo y cultural que surja de las necesidades y posibilidades de la comunidad. El presupuesto entregado será para financiar recursos humanos que estén a cargo de todas estas actividades.

 

12.   Crear Universidades Abiertas en todas las regiones del país, utilizando las instalaciones de los establecimientos municipales que ya existen en cada comuna. Esta iniciativa tiene la finalidad de democratizar el conocimiento al permitir que las y los ciudadanos accedan gratuitamente a cursos de formación en diversas disciplinas en sus localidades, mediante alianzas estratégicas con otras universidades, centros educativos y docentes que estén disponibles para compartir sus conocimientos. 

 

13.   Crear un presupuesto estatal para la instalación inicial de un espacio para la librería popular y la disquería popular en las comunas que aún no cuentan con uno y además financiar gastos operacionales a todas las comunas para la venta de libros y CDs a la comunidad a un precio justo.

CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS

El Sistema Nacional Integral de Cuidados es un nuevo pilar esencial en el sistema de protección social y de salud de Chile. Responde a un modelo de corresponsabilidad social de los cuidados, entre hogares, Estado y comunidad; y desfeminizado, ya que apunta a superar la injusta división sexual del trabajo y la precariedad en la que se ejecutan las labores de cuidado.


Las medidas de distanciamiento social aumentaron abruptamente la carga de trabajo doméstico y de cuidados asumida por los hogares, y al interior de éstos, han sido las mujeres quienes la han absorbido mayoritariamente, enfrentando fuertes consecuencias económicas y en salud. Si bien la pandemia ha exacerbado la llamada “crisis de los cuidados”, en Chile históricamente se han relegado los cuidados al ámbito familiar, con una precaria asistencia por parte del Estado y con una profunda desigualdad de género en la distribución de dichas tareas.


El desarrollo de una política de cuidado debe considerar que el cuidado es un derecho social que debe asegurarse a las personas desde que nacen hasta que mueren. La creación de un Sistema Nacional Integral de Cuidado es esencial para mejorar el sistema de cuidado en nuestro país y asistir financieramente a aquellas personas que por asumir dicha función han visto limitadas sus oportunidades laborales y consecuentemente han reducidos sus ingresos. El reconocimiento monetario al trabajo de cuidados es urgente para promover la redistribución y corresponsabilidad de las tareas entre hombres y mujeres y entre las familias, las comunidades y el Estado. Estas acciones deben apuntar a la transformación cultural y hacia el logro de la igualdad de género comprometido en los ODS 2030.

 

Comprender el cuidado como una responsabilidad social amplía la mirada sobre los espacios de cuidado que debe promoverse en nuestro país. La idea imperante de que el cuidado tiene un carácter casi exclusivamente domiciliario mantiene la responsabilidad de cuidado en las familias, situación que genera altos niveles de sobrecarga, y por consiguiente una peor calidad del cuidado, al mismo tiempo que se vuelve insostenible debido a las transformaciones en las estructuras familiares.

 

Se requiere un cambio de paradigma que incorpore el cuidado comunitario como parte esencial en este nuevo Sistema Integral, y deben impulsarse medidas concretas de educación no sexista en todos los niveles, en programas educativos orientados a la redistribución de las tareas domésticas y de cuidado; así como el aumento de las coberturas de transferencias monetarias directas a las personas que cuidan a personas dependientes.

 

Para ello, se debe aumentar la cobertura de programas de cuidado ya existentes tanto en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el Ministerio de Salud, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de género, y en el traspaso de SENAME, Mineduc, Senama y Senadis, y  fortalecer dispositivos de cuidado: Centros Diurnos, Centros Comunitarios, Establecimiento de Larga Estadía, escuelas, after school, jardines infantiles, salas cuna, y otros nuevos, que cuenten con estándares de calidad que entreguen dignidad a las personas, integración y respiro a las cuidadoras.

 

La remuneración a quien cuida es esencial y necesaria para mejorar las condiciones donde ocurre el cuidado, pero se hace insuficiente sin trabajo intersectorial y comunitario desde el nivel central, entre ministerios; a nivel regional, en las seremis y delegaciones presidenciales; y a nivel local, en las Municipalidades y comunidades.

 

El pilar de la remuneración del Sistema integral de cuidados fortalecerá, además, la economía de los territorios. En la actualidad, las oportunidades laborales se concentran en los sectores más ricos de nuestras ciudades. De hecho, las restricciones a la movilidad que implica el cuidado de personas, junto con las barreras geográficas que emergen de la segregación residencial, explican en parte la baja participación laboral de las mujeres en Chile. Un sistema que se centre en la articulación de Estado con las comunidades locales, aumentaría la demanda por ocupación precisamente en sectores donde hay poco empleo. La remuneración a las cuidadoras implicaría además una mayor capacidad de consumo y, por consiguiente, el fortalecimiento de economías locales que hoy se encuentran sumamente deprimidas.

 

El reconocimiento monetario del trabajo de cuidado que muchas familias y principalmente mujeres están realizando, no tan solo tendría un impacto en las condiciones económicas de las familias y en el desarrollo de las economías locales, sino también en las condiciones laborales donde ocurre el cuidado. La remuneración a la labor de cuidado es esencial y necesaria para mejorar el sistema de cuidado en nuestro país, sin embargo, es una medida insuficiente si no se consideran políticas laborales formales. La existencia de un contrato de trabajo es imprescindible para el resguardo laboral del cuidado, definir una jornada laboral y el derecho a descanso deben ser pilares fundamentales en la contratación de los y las cuidadoras informales.

UN PAÍS CON ENFOQUE DE DERECHOS, INCLUSIVO Y DIVERSO
PLURINACIONALIDAD Y AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

Chile es un territorio habitado por diversas naciones y pueblos. Proponemos reconocer su plurinacionalidad, avanzando hacia el horizonte de la interculturalidad, asegurando el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación, a la integridad cultural y lingüística, sin sometimiento ni asimilación forzada. Chile, es un país diverso, por lo que a la hora de avanzar en recuperar derechos sociales como la salud, la cultura, la educación, entre otros, debe hacerlo promoviendo políticas públicas interculturales. Promoveremos una interacción equitativa y pacífica entre los diversos pueblos que están presentes en el país, buscando el respeto y la promoción de las culturas, en un clima de diálogo, reconocimiento y respeto mutuo, rompiendo con la tradición monocultural y asimilacionista que ha tenido el Estado de Chile, sustituyéndolo por un nuevo pacto social plurinacional e intercultural.

 

En el mundo, hay alrededor de 370 millones de indígenas en más de 90 países. Si bien constituyen el 5% de la población mundial, los pueblos indígenas representan alrededor del 15 % de las personas que viven en pobreza extrema. La población indígena en América Latina asciende a 58,2 millones de personas, se trata de unos 800 pueblos que representan alrededor del 10% de la población total de la región.

 

Chile es el quinto país con mayor cantidad de población indígena (después de Guatemala, Bolivia, Perú y México)1. De acuerdo con el último informe del Banco Mundial sobre el avance en los objetivos de desarrollo del milenio (2017), América Latina presenta los peores resultados en los principales indicadores asociados, tales como mortalidad infantil, acceso al agua, salud, alfabetización, representación política, entre otros.


Respecto de la población indígena actual en Chile, el último Censo de la población realizado en 2017 muestra que un 12,8% del total de la población se considera perteneciente a un pueblo indígena, ascendiendo a 2.185.792 personas. De ellas, un 83,8% (1.329.450 personas) se reconoce   mapuche;  un   6,8%   Aymara;   un   4,0%   Diaguita;   2,0%  Atacameño; 1,7% Quechua; 1,0% Colla; 0,3% Rapa Nui; 0,3% Kawésqar; 0,0% Yámana. Cabe agregar que recientemente, en octubre de 2020, se ha reconocido por medio de la Ley 21.273 al pueblo Chango, quienes según el informe emanado por el Senado, actualmente representan el 0.2% de la población nacional correspondiente a 4.725 personas


Consideramos que los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación y a un modelo de desarrollo económico que considere sus características como naciones. Resulta necesario reconocer el carácter vinculante de los tratados y convenios internacionales suscritos por Chile. El pleno ejercicio y goce de los derechos individuales y colectivos de quienes forman partes de los pueblos indígenas reconociendo constitucionalmente las lenguas indígenas como lenguas oficiales del Estado de Chile, reconociendo los derechos políticos y participación política plena, consagrar el reconocimiento de la cultura y saberes ancestrales, asegurando derechos económicos y sociales, entre otros.

 

Proponemos avanzar hacia una sociedad equitativa, donde los pueblos indígenas y tribales históricamente subyugados, al igual que otros grupos históricamente postergados, tengan una efectiva participación social, política y cultural. De este modo, proponemos en primer lugar, declarar un Estado Plurinacional e Intercultural, obligando a la institucionalidad a propiciar el desarrollo armónico y respetuoso de todas las culturales, en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, para esto además se deberá crear una Nueva Institucionalidad Estatal en materia Indígena. En segundo lugar, reconocer la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales dentro del Estado de Chile, validando sus propias organizaciones y autoridades, así como su capacidad de decidir sobre sus prioridades de desarrollo y asuntos propios, en armonía con la normativa nacional y los derechos humanos.

 

Propuestas programáticas:

 

1.     Reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y declarar el carácter plurinacional e intercultural del Estado de Chile. Participación de los pueblos indígenas en la integración y gestión de gobierno a nivel regional y comunal.

 

2.     Crear el Ministerio de los Pueblos Indígenas y el Parlamento Indígena o Consejo de Pueblos Indígenas.

 

3.     Generar una Comisión de Estudio de Restitución de tierras, que permita estimar, en conjunto a los pueblos indígenas, el número de hectáreas reclamadas y determinar conjuntamente los mecanismos de restitución. Establecer mecanismos de expropiación que permitan la restitución con las correspondientes compensaciones por parte del Estado.

 

4.     Nueva Ley Indígena, para reorganizar la institucionalidad indígena en Chile. Es necesario cambiar la actual ley, pues no se encuentra adecuada a los actuales estándares en materias de derechos humanos, no reconoce a los pueblos en su calidad de pueblos, sino que los denomina etnias, entre otros aspectos de fondo que requieren de una innovación normativa.

 

5.     Nueva Institucionalidad Indígena. Proponemos enviar un proyecto de ley para la creación de una nueva institucionalidad indígena que reemplace a CONADI, contemplando que la dirección de esta institución esté en manos íntegramente de representantes indígenas con participación de miembros de gobierno. Esto, para lograr una efectiva reorganización y seguimiento de las políticas públicas destinadas a pueblos indígenas,  evitando la descoordinación entre los diversos programas que se ofrecen a la población indígena.

 

6.     Avanzar hacia el reconocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas. Restitución de parte del Estado de todos aquellos bienes expropiados por los diversos gobiernos que son de propiedad indígena y que sean reclamados por las comunidades. Así como disculpas institucionales por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos chilenos. Y la creación de un Fondo de reparación de víctimas de violencia estatal.

SUPERACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIARCAL
HACIA EL FEMINISMO

Durante décadas, el movimiento feminista y de mujeres ha demandado el reconocimiento de las mujeres en los ámbitos cultural, económico, social y político. Ello exige considerar la ciudadanía de las mujeres en la democracias actuales desde la igualdad, reconociendo la relevancia política de las diferencias entre los sexos, con el propósito de subvertir el modo en que la sociedad chilena simboliza y regula las relaciones de género.

 

Esta asignación rígida de roles de género proviene desde la socialización, crianza y educación. El sistema educacional actualmente reproduce estas brechas de género, las cuales se evidencian, por ejemplo, en los resultados de pruebas estandarizadas. A pesar de que las mujeres tienen un mejor rendimiento en la educación media, concentran apenas el 20% de los mejores puntajes obtenidos en las pruebas de acceso a la educación superior. Tenemos la necesidad de avanzar hacia una educación no sexista que elimine los sesgos asociados a la elección vocacional que determinan la división sexual del trabajo.

 

El patriarcado estructura el trabajo que realizamos mujeres y hombres a través de la “división sexual del trabajo”, el cual asigna a las mujeres, según el modelo “madre-esposa” a la esfera doméstica privada, mientras que a los varones se les asigna social y culturalmente el mandato de proveedor al hogar, relacionado con la esfera pública. Este modelo determina la participación de hombres y mujeres en el trabajo en el mercado. La participación laboral femenina en Chile ya era baja antes de la pandemia (en torno a 53%) y ha caído hasta un 46% luego del inicio de la crisis económica. En comparación, la participación de los hombres en el mercado laboral alcanza un 69%, 23 puntos porcentuales mayor que la de las mujeres. Además, dentro del mercado laboral las mujeres están en peores condiciones que los hombres, en trabajos precarizados y muchas veces informales. Mientras que el ingreso mediano de los hombres alcanza los $450.000, el de las mujeres es de $353.000.

 

Por otro lado, son las mujeres quienes cargan con la realización del trabajo doméstico y de cuidados del hogar. La inserción laboral femenina ha conllevado a una doble carga de trabajo que se traduce en una doble explotación. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2015, mientras las mujeres dedicaban en promedio 6 horas al trabajo no remunerado en un día de semana, los hombres dedicaban menos de tres horas, generando que las mujeres, además, tengan menos tiempo libre para el desarrollo personal y menos posibilidades de ingreso al mercado laboral. Esta brecha se profundizó aún más en el último año, por las medidas de confinamiento y la falta de servicios que proveen cuidados. Es por esto que la necesidad de socializar, desprivatizar y desfamiliarizar el trabajo no remunerado va íntimamente asociada a la lucha por la autonomía económica de las mujeres.

 

Ahora bien, las mujeres también se han visto relegadas de la participación política en cargos de decisión. Un ejemplo es que en los cargos adscritos y no adscritos del primer nivel jerárquico de la Alta Dirección Pública del Estado en 2019, las mujeres fueron apenas el 22% y los hombres el 78% restante. Es urgente fomentar y aumentar la incorporación de mujeres en cargos directivos dentro de la administración del Estado.

 

La autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos es un punto fundamental en este programa de gobierno. Entre 2007 y 2017, 108 mujeres fueron condenadas por el delito de aborto. A esto se suman las miles de mujeres que han tenido que abortar en clandestinidad, exponiendo su salud física y mental, y a veces incluso su vida, ante el desamparo del Estado.

 

Por último, la más cruda expresión de la violencia de género es el femicidio, un crimen de odio contra las mujeres ejercido en el espacio público y privado. Solo durante el 2020, hubo 58 mujeres asesinadas por la violencia machista y durante este año 2021 se registran 14 femicidios consumados y 51 femicidios frustrados. Según la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales (ENVIF), el año 2020 41,4% de las mujeres declararon haber sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual en su vida. Es urgente que el Estado proteja a las mujeres de la violencia machista, considerando financiamiento y optimización de programas, con foco en la prevención y reparación de la violencia de género.

 

Sobre la base en tales consideraciones, se propone una serie de medidas destinadas a corregir los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en el goce y ejercicio de su autonomía, subvertir los roles de género arraigados en nuestra sociedad, y avanzar hacia un cambio cultural que logre la igualdad de género en Chile. Estas propuestas se centran en los ámbitos de trabajo y reactivación económica, educación, participación política, sexualidad y reproducción y violencia.

 

Propuestas programáticas:

 

1.     Implementar un pre y post natal obligatorio, igualitario e intransferible para padres y madres tanto en el Estatuto Administrativo como en el Código del Trabajo.

2.     Fomentar la creación de empleo femenino, a través del impulso al desarrollo del sector económico de cuidados, asegurando estándares de calidad.

3.     Crear un Subsidio de Empleo Regional focalizado en las regiones con tasas de desocupación sobre la media nacional, con un incentivo mayor al empleo femenino para impulsar una reactivación económica con perspectiva de género.

4.     Impulsar una ley de educación sexual integral.

5.     Promover un contexto educativo feminista, que favorezca la creación de espacios libres de violencia de género, fomente el uso equitativo del espacio entre niñas y niños en los establecimientos educacionales, y ponga fin a los uniformes escolares diferenciados por género.

6.     Revisar y acelerar las metas de desarrollo sostenible para el 2030 adscritas por el país, referentes a educación inclusiva que promueva iguales oportunidades para hombres y mujeres, a través de los planes “Educación para la Igualdad entre Hombres y Mujeres” 2015-2018, Mesa “por una educación con equidad de género” 2018 y Plan de Trabajo Educación con Equidad de Género 2020.

7.     Exigir a los programas de pedagogía acreditados por el Ministerio de Educación que incorporen la perspectiva de género en sus mallas curriculares.

8.     Fomentar y aumentar la incorporación de mujeres en cargos directivos dentro de la administración del Estado.

9.     Avanzar en la paridad de género en los primeros niveles jerárquicos del poder ejecutivo central, regional y local.

10.   Incorporar, dentro de la carrera funcionaria, el enfoque de género, desarrollando procesos de selección, evaluación y promoción con enfoque de género.

11.   Impulsar y promover reformas a los mecanismos de conformación de la estructura de las Fuerzas Armadas y de Orden, avanzando a la paridad en la conformación de los cuerpos de oficiales.

12.   Fomentar el empoderamiento político de las mujeres, a través de programas de capacitación a dirigentes mujeres y lideresas, campañas de sensibilización y programas de financiamiento de las campañas electorales.

13.   Impulsar el fortalecimiento de la participación de las asociaciones feministas y/o de mujeres a través de mecanismos de participación popular de consulta y/o vinculantes impulsados por el Ministerio de la mujer y la equidad de género.

14.   Fortalecimiento de la participación política de los grupos de mujeres particularmente vulnerables, a través de acciones afirmativas a favor de mujeres pertenecientes a pueblos originarios, migrantes, en situación de discapacidad, del mundo rural y todas las otras otras interseccionalidades que requieran particular atención del Estado.

15.   Fortalecer la transversalización de género en el Estado y en todos sus órganos, colocando al centro las políticas de cuidados y la eliminación de los obstáculos que merman el desarrollo político y la participación de las mujeres en la esfera política.

16.   Legalizar la interrupción del embarazo, reconociendo que el aborto hasta las 14 semanas de gestación es un derecho humano y, como tal, está garantizado en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas gestantes. La propuesta en este sentido busca:

 

  Ampliar las causales o indicaciones ya existentes.

  Ampliar los sujetos titulares del derecho, incorporando a todas las personas gestantes.

  Establecer un plazo para la realización de la interrupción en el sistema de salud desde que este es requerido.

  Garantizar la cobertura de la prestación médica de interrupción del embarazo en el sistema público de salud, a nivel nacional.

  Garantizar el derecho a la información.

 

17.   Crear una ley marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, basada en la noción de justicia sexual y reproductiva que garantice estos derechos a toda la población, sin discriminación por motivos edad, identidad de género, orientación sexual, situación de discapacidad, ruralidad, condición migrante o cualquier otra condición social.

18.   Consagrar el derecho de las mujeres y diversidades sexuales, a una vida libre de violencia, con énfasis en la prevención y reparación de todas las formas de violencia, en el ámbito público y privado, y que establezca obligaciones para los órganos del Estado, responsabilidades sectoriales, así como presupuestos suficientes para erradicarlas.

19.   Ampliar la red de prevención comunitaria, dispositivos de atención y protección a víctimas de violencia de género, con un enfoque integral en su abordaje e interseccional, para avanzar hacia el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, las niñas y adolescentes, mujeres de pueblos originarios, migrantes y la comunidad LGTBIQA+.

20.   Homogeneizar a estándares internacionales de Derechos Humanos con perspectiva de género, la legislación dedicada a la protección de mujeres y comunidad LGTBIQA+.

21.   Garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género, a través del fortalecimiento de la respuesta institucional por parte de las policías y los tribunales de justicia.

22.   Implementar una estrategia nacional de erradicación de la violencia y los femicidios, altamente territorializada y con articulación intersectorial.

23.   Dar cumplimiento a las recomendaciones del mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará MESECVI en la respuesta Estatal, promoviendo la amplificación de unidades receptoras de denuncias; altamente especializadas en atención a víctimas que garanticen el acceso a una justicia de género, fortalecimiento de la red Estatal, seguimiento de medidas cautelares, así como la armonización legislativa a los estándares de la Convención Belém do Pará.

24.   Presentación de proyecto de Ley para violencia política hacia mujeres, adoptando la Ley Modelo para erradicar la violencia política hacia mujeres de la Secretaría Técnica del MSECVI de la OEA.

25.   Plan de Prevención de la violencia laboral hacia mujeres, que incorpore al sector privado, incorporando las nuevas formas del trabajo (teletrabajo, plataforma),

26.   Ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia laboral.

RECONOCIENDO LAS DIVERSIDADES SEXUALES

Históricamente, las instituciones y el ejecutivo son objeto de las críticas del pueblo por su incapacidad de resolver asertivamente los problemas que han intensificado las desigualdades y las injusticias sociales. Estas problemáticas se agudizan en la población LGTBIQA+, que continuamente se enfrenta a la falta de derechos garantizados, dada la invisibilización, exclusión y violencia que derivan del sistema cis-hetero-patriarcal en que nos encontramos.


El estudio de la situación sociolaboral de las personas LGTBIQA+ en Chile, elaborado por el Sindicato Luis Gauthier y MUMS y presentado recientemente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), da cuenta de que el 40% de la población LGTBIQA+ trabaja bajo condiciones informales y precarias, aun teniendo niveles educacionales formales de 13 o más años. Este 40% no tiene acceso a previsión social ni seguro de salud. El mismo estudio, muestra que la población de mujeres transgénero, en su mayoría (72,41%), recibe atención de salud pública de personas sin recursos (FONASA A), y el 17,24% cotiza en el sistema público, mientras que solo el 6,9% lo hace en el sistema privado de ISAPRES. Además, un 57%  no tiene registro social de hogares y quienes lo tienen no recibieron subsidios del Estado, pues los criterios utilizados para determinar el rango no consideran las particularidades de la población LGTBIQA+, tales como otros tipo de familia o que la mayoría estaría obligada a vivir en soledad, pues el actual sistema les ha excluido sistemáticamente.


Los resultados de este estudio nos dan cuenta de la necesidad urgente de elaborar políticas públicas que implican un proceso de transformación social, cultural y político que exige la modernización y ampliación del Estado con el objetivo de construir relaciones de género colaborativas y de solidaridad, libres de opresión, discriminación y violencia en función de impulsar e implementar medidas afirmativas de reconocimiento, reparación, inclusión y no discriminación.


Propuestas programáticas:


1.     Crear un Servicio Nacional Anti-discriminación, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que tenga como objetivo elaborar políticas públicas de diversidad, inclusión y no discriminación; planes y programas de capacitación, fiscalización, prevención y reparación integral en áreas estratégicas como salud, trabajo, educación y seguridad, vinculantes para todos los servicios públicos y entidades privadas relacionadas con el Estado.

2.     Crear una mesa de trabajo entre las instituciones del Estado, organizaciones sociales y colegios profesionales pertinentes, que tenga como objetivo revisar la normativa vigente en función de la derogación o actualización de normativa discriminatoria, además de la creación y actualización de orientaciones técnicas en todos los programas de atención que propendan a la superación de la discriminación, sesgos de género y la implementación de un enfoque LGBTIQA+ y de DD.HH.

3.     Modificar la Ley de Identidad de Género que permita el cambio de sexo y nombre registral en niños, niñas y jóvenes, e incorporar una alternativa que cubra las identidades fuera del binario y que evite la categorización forzosa y adelantada de personas intersexuales. Lo anterior, acompañado de mecanismos de notificación, actualización y sincronización de datos con las distintas instituciones públicas o privadas que regula la Ley de Identidad.

4.     Actualizar los instrumentos de caracterización socioeconómica que llevan las estadísticas oficiales, incorporando ítems que permitan diagnosticar la situación sociolaboral de la población LGBTIQA+ como insumo al diseño e implementación de políticas públicas.

5.     Asegurar el derecho al trabajo mediante la creación de un programa que promueva la no discriminación y la incorporación de la diversidad sexual y de género al mundo laboral con condiciones laborales formales, con especial énfasis en la comunidad trans.

6.     Aumentar el financiamiento y fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud (APS) que propenda a la satisfacción de necesidades y demandas de las personas LGBTIQA+ acompañado de la creación de un plan de salud sexual no reproductiva y el fortalecimiento de la prevención primaria de VIH e ITS.

7.     Conformación de una política de salud trans de acceso universal, que consolide una red de policlínicos integrales basado en principios de no patologización.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA)

El presente programa de gobierno busca transformar la histórica relación subsidiaria que el Estado chileno ha mantenido con las niñas, niños y adolescentes, y avanzar hacia un Estado que tenga un rol protagónico y garante de derechos para todos las y los menores de 18 años que habiten en el territorio. Esto significa migrar desde una mirada tutelar centrada en el enfoque de la “situación irregular”, a un enfoque de protección integral de los derechos bajo un principio de universalidad, promoción y trabajo preventivo, además de abordar de manera urgente los casos en que los derechos han sido vulnerados gravemente. El Estado se hará cargo del respeto, protección y satisfacción de todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción.

 

En materia de protección, aún contamos con un Estado que delega su función pública a agentes privados y que actúa de manera focalizada solamente en los casos de vulneración grave de derechos, o sobre aquellos NNA que han cometido delito. La judicialización de las necesidades y de las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ha sido, hasta hoy, el único mecanismo a través del cual el Estado interviene. Y solo puede hacerlo tarde, cuando ya han ocurrido las vulneraciones. Los 197.589 niños, niñas y adolescentes atendidos en el sistema de protección (un 4,6% de la población total de NNA), se distribuyen en aproximadamente 250 centros (tanto de atención residencial como ambulatoria), de los cuales 11 son de administración directa del Estado y el resto corresponde a organizaciones de derecho privado sin fines de lucro.

 

Por último, es necesario avanzar en los derechos de participación y derechos políticos de los niños, niñas y adolescentes, definidos como herramientas para su desarrollo, pero también como fines en sí mismos si verdaderamente adoptamos el enfoque de derechos y reconocemos a los NNA como sujetos titulares de los mismos y, en consecuencia, como actores sociales con derecho a participar en los procesos de decisión. De manera especial, las y los adolescentes han dado muestra de una participación social y política potenciadora de cambios estructurales en nuestro país, sin embargo, esa participación tiene un escaso o nulo reconocimiento a nivel institucional y normativo.

 

Lo anterior, exige un cambio estructural en la relación del Estado con los niños, niñas y adolescentes, que se caracterice por respetarlos como sujetos de derecho, capaces de ejercerlos por sí mismos, de acuerdo con su madurez y grado de desarrollo y contemplando su interés superior como una consideración primordial en todas las decisiones que les afecten.

 

Propuestas programáticas:

 

1.     Enviaremos, dentro de los primeros 100 días de gobierno, un proyecto de ley  que cree el Sistema Nacional de Protección Administrativa, orientado a establecer una bajada territorial de la institucionalidad que coordine, controle y entrelace las políticas públicas de niñez, a través de las secretarías regionales ministeriales y Oficinas Locales de la Niñez en cada comuna (el proyecto será enviado en los primeros 100 días, pero la instalación del sistema traspasará los 4 años. Se estima un mínimo 6 años para su instalación progresiva).

 

2.     Enviaremos, dentro de los primeros 100 días de gobierno, un proyecto de ley que derogue y reemplace la ley N° 20.032 para regular, en aspectos financieros, administrativos y técnicos, la intervención de los agentes privados en la misión de la protección especializada (el proyecto se enviará en los primeros 100 días, pero los ajustes de la ley tomarán los 4 años).

  

3.     Crearemos un Programa de Acceso Universal a Tecnologías de Información y Comunicación para que cada niño, niña y adolescente entre los 6 y los 18 años de edad que habite nuestro territorio, cuente con un computador y conexión a banda ancha de internet garantizados por el Estado.

 

4.     Asumimos el compromiso de dar continuidad al Subsistema Chile Crece Contigo y a extenderlo hasta cubrir las trayectorias vitales y educativas de los niños y niñas hasta completar el segundo nivel de Enseñanza Básica (13 años).

 

5.     Extenderemos la edad pediátrica en todos los niveles de la red de atención pública de salud hasta los 18 años.

 

6.     Enviaremos al Congreso Nacional, dentro de los primeros 100 días de gobierno, un proyecto de ley para otorgar el derecho a voto para todas las instancias de votación universal desde los 16 años.

 

7.     Incorporaremos en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N° 18.695) la participación especial y reforzada de los niños, niñas y adolescentes, a través de la creación de Consejos Consultivos para ampliar y fortalecer los espacios de participación que consideren a la niñez como actor estratégico de las comunas y la ejecución de su Plan de Desarrollo Comunal, reduciendo a 14 años la edad para formar y dirigir Organizaciones Sociales de carácter Juvenil y Estudiantil.

 

8.     Reformaremos el actual Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Ley N° 21.302, ex SENAME) reformulando la estructura de provisión de cuidados alternativos y asegurando la calidad de las prestaciones otorgadas por las entidades acreditadas (primeros dos años de gobierno).

 

9.     Reactivaremos el Proyecto de ley que modifica la Ley de Adopción N° 19.620 para mejorar los programas de adopción y acortar los tiempos de institucionalización de NNA que se encuentren en este proceso (primeros dos años de gobierno), permitiendo además la adopción homoparental.

 

10.   Aumentaremos el gasto público para el fortalecimiento de la educación pública básica y media, de manera que al año 2030, el Estado albergará al menos el 50% de la matrícula escolar del país. Avanzaremos en la disminución de la cantidad de estudiantes por curso, el desarrollo de infraestructura educacional y el aumento de los sueldos de las y los docentes y asistentes de educación (traspasará los 4 años de gobierno).

 

11.   Avanzaremos en la creación de escuelas de segunda oportunidad reconocidas por el Estado para restituir el derecho a la educación de NNA y jóvenes hasta los 21 años que están fuera del sistema escolar y que no han terminado la educación media (4 años de gobierno).

 

12.   Aseguraremos a las niñas, niños y adolescentes que migran a nuestro país, el ingreso a las escuelas en cualquier momento del año, de acuerdo con la fecha de su llegada al país. Además, los establecimientos educacionales que reciban población migrante en el estudiantado, contarán con programas especializados de atención y mediación intercultural (4 años de gobierno).

 

13.   Aseguraremos en todos los establecimientos educacionales del país, el derecho a información, educación y recursos relativos a la salud sexual y reproductiva, desde un enfoque de género (4 años de gobierno).

 

14.   Pondremos en operación un sistema de supervisión de salud anual en los colegios para la prevención, detección y oportuna derivación a tratamiento de enfermedades, en las áreas dental, ocular, traumatológica, nutricional y otras que correspondan según las etapas de crecimiento de los NNA, hasta completar el segundo nivel de Enseñanza Básica (4 años de gobierno).

 

15.   Reforzaremos la atención en salud mental de NNA en el Servicio Nacional de Salud (4 años de gobierno).

 

16.   Garantizaremos los derechos de NNA en situación de discapacidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud, rehabilitación y cobertura de ayuda técnica y tratamientos; con transporte escolar gratuito, apoyo educativo en aulas y atención especializada en el sistema escolar; y con viviendas adaptadas a todas las familias con NNA en situación de discapacidad permanente (4 años de gobierno).

 

17.   Incluiremos la triestamentalidad como política pública en el sistema escolar a través de los Directorios Colegiados y la inclusión de estatutos y normativas con la participación de estamentos de trabajadores, docentes y alumnos en los órganos superiores de gobierno con derecho a voz y voto (4 años de gobierno).

 

18.   La Subsecretaría de la Niñez generará una política de participación en vinculación con el Ministerio de Educación, que permita promover las organizaciones de niños, niñas y adolescentes, y recoger sus opiniones en un Consejo de la Sociedad Civil de NNA (4 años de gobierno).

PERSONAS MAYORES

Buscamos generar una política robusta para responder a las necesidades de las personas mayores, un universo poblacional en creciente aumento en las próximas décadas en Chile.

 

Las propuestas en el ámbito de las personas mayores buscan garantizar su dignidad y calidad de vida, en el marco del reconocimiento de sus derechos humanos.

 

Las personas mayores constituyen un grupo grande y heterogéneo. Se requiere una política diversificada acorde a las necesidades. Existe un envejecimiento progresivo de la población y disminución de la población laboralmente activa.

 

El enfoque interinstitucional sería la manera adecuada de abordar la política de personas mayores, para garantizar su calidad de vida en ámbitos diversos, con enfoque de derechos humanos que comprende a las personas en su integralidad.

 

Propuestas programáticas:

 

1.     Creación de sistema nacional de cuidados integrales. A nivel local, incluye Residencias Municipales para personas mayores, además de la figura de los "agentes comunitarios", quienes visitan a las personas para conocer su situación y necesidades, brindan información y orientan sobre el acceso a la salud a nivel local.

 

2.     Fortalecer la cantidad y la oferta de Centros de Día y programas destinados a que las personas mayores puedan desarrollar su vida cotidiana diurna, en espacios donde se sientan cuidadas y desarrollen sus capacidades y conocimientos. 

 

3.     Se creará el "pase mayor" para que las personas mayores utilicen la red de transporte de las ciudades con una tarifa mínima. A su vez, se implementará una política de "precio mínimo" en eventos deportivos y culturales, destinado a favorecer el derecho a la cultura y al deporte por parte de este grupo de la población.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

En Chile, a falta de un mejor instrumento, el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad de 2015 (MIDESO - SENADIS) reporta que el 20% de la población presenta algún grado de Discapacidad, lo que, contrastado con los 19.678.363 habitantes proyectados por el Instituta Nacional de Estadísticas (INE) al 30 de junio del año 2021, arroja un total de 3.935.673 Personas con discapacidad, o 3.286.287 si consideramos como universo al 16,7% de otras publicaciones oficiales, abarcando todos los tipos y grados utilizados para categorizar a esta población.

 

Ahora bien, para el caso del Estado y el gobierno, la discapacidad representa un asunto público, múltiple, estructural y de habilitación para el ejercicio y exigencia de derechos que no puede recaer únicamente en el esfuerzo personal de las personas con discapacidad o en la caridad cíclica y privada que perpetúan los modelos médicos y capacitistas de la discapacidad.

 

Así, y si bien las problemáticas a las que se enfrentan las personas con discapacidad son múltiples por las brechas y barreras físicas, actitudinales, comunicacionales, políticas, programáticas, sociales, de transporte, etc., que dificultan su participación plena y autónoma, también se debe considerar la diversidad y heterogeneidad del colectivo.

 

Necesitamos transitar desde una sociedad de la discriminación y la exclusión a una donde la progresiva participación de las personas con discapacidad contribuya a superar las brechas históricas y evitar el levantamiento de barreras futuras. Pero, este cambio de mediano y largo plazo, requiere de transformaciones estructurales y acciones urgentes que permitan al Estado, en el corto plazo, garantizar la autonomía de las personas con discapacidad, con acuerdo a su voluntad, posibilidades e intereses, y con arreglo y respeto irrestricto de sus derechos diversificados.

 

A continuación, se enumeran y describen tres grandes medidas con especial énfasis en lo multisectorial dadas las características multicausales de la discapacidad como construcción social.

 

Propuesta programática:

 

1.     Proponemos implementar políticas transversales e intersectoriales en todos los Ministerios a partir de la generación de Departamentos que aborden las temáticas específicas de las personas con discapacidad. La Inclusión y la Accesibilidad Universal, requieren de una respuesta estatal coordinada, capacitada y múltiple, dadas las condiciones estructurales de discriminación y exclusión a que están sometidas las personas con discapacidad.

 

Esa acción y compromiso debe verse reflejado en un esfuerzo estatal conjunto que, además de contar con recursos, personal e infraestructura adecuadas, debe integrar al mundo de la discapacidad en la toma de decisiones y la generación de respuestas ante los problemas que toca enfrentar, permitiendo superar la mirada netamente sectorial.


EN CHILE MIGRAMOS CON NUESTROS DERECHOS DESDE Y HACIA CHILE

La migración, como elemento constitutivo e inherente de la humanidad, debe ser reconocida por parte del Estado de Chile como un derecho tanto de las personas que migran desde Chile al exterior como de quienes llegan a nuestro país.

 

En este sentido, proponemos la construcción de un país Intercultural, para superar la homogeneización cultural desde la construcción misma del Estado-Nación; la defensa de niñas, niños y jóvenes migrantes, como verdaderos sujetos y sujetas de derecho, dejando de lado la exclusión e invisibilización a la que ha sido sometido este grupo de especial protección; y a promover una política exterior que releve los principios de autodeterminación y soberanía de los pueblos, voluntad de paz, integración regional y solidaridad internacional.

 

En materia migratoria, nuestra política internacional migratoria será antirracista, no discriminatoria y respetará en todo momento los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, considerando el desplazamiento de personas de un país a otro.

 

Necesitamos comprender y abordar la migración desde un enfoque de derechos y desde una perspectiva regional e interregional, maximizando las oportunidades y beneficios en el desarrollo de las sociedades y su impacto en la calidad de vida de las personas, afrontando, a su vez, los desafíos de maneja conjunta y coordinada.

 

Propuestas programáticas:

 

1.     En Política Internacional: Nos comprometemos a firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y a dar reconocimiento desde el Estado chileno a grados y títulos profesionales y técnicos otorgados por otros Estados a profesionales, chilenas y chilenos que retornan, profesionales exiliados y profesionales extranjeros.

 

2.     Chilenas y chilenos en el Exterior: Proponemos la eliminación del requisito de un año de avecindamiento para acceder a la ciudadanía, la creación de un distrito electoral de chilenas y chilenos en el exterior y el fortalecimiento del rol de los consulados y embajadas.

 

3.     Visas: Descentralizaremos  la resolución de las visas, repondremos la Visa por Motivos Laborales y la ampliaremos a 2 años, crearemos  la categoría migratoria Permanencia Definitiva para niños, niñas y adolescentes e implementación de un trabajo coordinado con el Estado de Haití, para la facilitación de documentación.

 

4.     Administración del Estado y Gobiernos Locales: Reconoceremos el concepto de avecindamiento y aplicación de éste para efectos de protección social, desde que la persona extranjera manifiesta su ánimo de permanencia en el país.

REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD A LAS VÍCTIMAS DE LA REVUELTA SOCIAL

La revuelta social ha abierto esperanzas para un Chile que ya ha sufrido bastante, antes en dictadura y luego durante 30 años de predominio Neoliberal. En nombre de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, así como de todas las víctimas de la violencia de agentes del Estado, asumimos el compromiso de dar pleno respaldo a las demandas de reparación y atención que merecen, con dignidad y reconociendo en su lucha un camino de liberación de nuestro pueblo.


Las legítimas movilizaciones sociales que se iniciaron el 18 de octubre de 2019 y se han prolongado en el tiempo,  dejaron una treintena de fallecidos y 460 personas con lesiones oculares, según diversos informes del INDH. Estas chilenas y chilenos son parte fundamental de nuestra historia, su sacrificio personal para abrir las puertas de un proceso constituyente -por primera vez en nuestra historia- debe ser reconocido y reparado. 


Las medidas que se listan a continuación son parte del pliego que las organizaciones han levantado y que nos comprometemos a actualizar y a dar viabilidad en su finalidad, más allá de las formas específicas que se plantean. Estas son medidas que consideramos deben ser resueltas lo más rápido posible, ya que tienen relación con mermas en la atención, producto de la actual pandemia, lo que ha tenido repercusiones directas en la salud física y mental.  


Propuestas programáticas:  


1.     Incorporar urgente la atención online de profesionales del área psicológica y de terapia ocupacional, a través de video llamadas, contar con resolución de consultas online y/o telefónica por parte de profesionales de oftalmología y tecnología médica para casos de urgencia.  


2.     Aumentar profesionales para la atención (psicoterapia, oftalmología, terapia ocupacional, somato prótesis). Hemos recibido antecedentes de que muchas víctimas de trauma ocular han visto perjudicada su atención, al no tener suficientes horas disponibles para atender a todos los y las pacientes.  


3.     Extender apoyo a los familiares de las víctimas, quienes también han sido afectadas por el trauma ocular. Las víctimas de trauma ocular son padres, madres, hijos, hermanos, cónyuges, etc. En la mayoría de los casos, las familias de las víctimas se han visto profundamente afectadas por la mutilación, generando gran dolor y angustia. Por esto, consideramos que la atención y rehabilitación debe extenderse para ellos de igual manera.  


4.     Incluir rehabilitación y capacitación laboral, pues muchas de las víctimas han visto perjudicadas sus fuentes laborales producto de la pérdida de visión. Algunos y algunas se dedican a la construcción, transporte, diseño, fotografía, entre otras actividades, que requieren de visión binocular y percepción de profundidad. Es necesario generar rehabilitación en el área laboral para retomar sus actividades o empezar nuevas, en caso de imposibilitarse la realización de algunas.

DERECHO A VIVIR DIGNAMENTE EN TODO EL TERRITORIO
CIUDADES INCLUSIVAS

Nuestros territorios requieren una planificación social consciente, donde se armonicen los objetivos de desarrollo social, económico, medioambiental y cultural, asegurando para ello la participación vinculante de la ciudadanía en todas las escalas de decisión. Se debe coartar el actuar del mercado inmobiliario como responsable de la política habitacional y urbana de las últimas décadas, revertir la segregación socioespacial e inequidad urbana que ello ha promovido y propender hacia la apropiación comunitaria del espacio y la habitabilidad para  la construcción del tejido social y el buen vivir.

 

El Estado debe asegurar la integración social y la justicia espacial, fortalecer la identidad territorial y garantizar el derecho humano a la vivienda digna y a la seguridad. La planificación territorial, urbana y habitacional debe ser inclusiva, sostenible y justa, promoviendo en forma efectiva el desarrollo social con perspectiva de urbanismo feminista y considerando las limitaciones que la ciudad impone a la libertad, movilidad, seguridad y uso del tiempo de las mujeres, pueblos indígenas y poblaciones excluidas, incorporando éstas y otras variables a la hora de definir cómo mejorar el modo de habitar nuestros espacios. El territorio debe ser observado por la política pública de manera integral, asegurando la visibilización del espacio rural, en su diversidad y particularismo, y también en sus interacciones con la ciudad, estableciendo acciones eficaces frente el calentamiento global, la sequía y la seguridad alimentaria.

 

La estructura urbana de nuestro país refleja y reproduce la desigualdad socioeconómica que le caracteriza, y se manifiesta en la enorme segregación socioespacial de nuestros territorios. Nos enfrentamos a ciudades segmentadas por clases sociales, producto del desarrollo urbano capitalista que ha marginado y precarizado a la clase obrera, que les sitúa en sectores periféricos donde la infraestructura y el equipamiento urbano son deficientes.

 

El Estado se encuentra limitado a su rol subsidiario, los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial existentes son insuficientes e ineficientes para hacer frente a la desigualdad, resguardando el medioambiente y las culturas locales/regionales, por lo que no logran recoger las necesidades y aspiraciones de sus habitantes.

 

Las ciudades se han desarrollado sin planificación social consciente, siendo el mercado inmobiliario el principal responsable de la política habitacional y urbana en las últimas décadas. La escasa regulación sobre el valor del suelo, la protección del derecho a la propiedad privada y la libertad económica han permitido un desarrollo urbano capitalista que prioriza la producción por sobre la planificación estratégica del espacio, perfilando la vivienda como una mercancía.

 

De la misma manera, el espacio rural ha sufrido los embates del modelo Neoliberal, a través de la fórmula del extractivismo y del neoextractivismo, lo que en algunos casos ha conformado un hábitat residencial fundado exclusivamente en la actividad económica específica. De esta forma, se coarta la apropiación del espacio, la habitabilidad y la construcción del tejido social al servicio de un capitalismo que controla tanto el consumo del espacio como las zonas en donde se reside.

 

La calidad de vida en nuestros asentamientos humanos se ve afectada por problemáticas medioambientales, de inseguridad, desigualdad en el desplazamiento y uso del tiempo, escaso acceso a servicios básicos, desincentivo de la participación ciudadana y un desigual uso y calidad del espacio público para las clases sociales desfavorecidas y los grupos excluidos como personas migrantes, de pueblos indígenas, población LGBTIQ+, personas en situación de discapacidad, niñas, niños, jóvenes y mujeres.

 

La producción social del hábitat requiere de una democracia participativa, paridad, autonomía y descentralización del poder en las comunidades y en todas las escalas territoriales. De esta manera, se superará el paradigma de la producción privada del espacio, disputando a través del valor de uso, la hegemonía que ha tenido el valor de cambio, propiciando el desarrollo de asentamientos humanos en los que se resguarden los derechos fundamentales.

 

Para ello, el Estado debe tender hacia la superación de la lógica subsidiaria, recuperando el rol de gestor directo y colaborador en los procesos de autogestión comunitaria del hábitat residencial y financiamiento público para los sectores populares y capas medias, redefiniendo el actual tejido normativo Neoliberal, y su instrumental técnico, de tal manera que la planificación urbana pueda recuperar y profundizar (con perspectiva de género, sustentabilidad, inclusión, resguardo del patrimonio y diversidad cultural) la capacidad histórica que han tenido la sociedad civil y el Estado de proveer hábitat y ciudades dignas.

 

Propuestas programáticas:

 

1.      Promulgar a la brevedad la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), la Metodología de elaboración de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) y el Reglamento PROT, los cuales deben incluir tres grandes fases: análisis territorial, planificación territorial y gestión territorial.

 

2.      Avanzar en el establecimiento de un sistema de planificación interdependiente, que asegure el diálogo de las escalas: supranacional, nacional, regional, metropolitana, intercomunal y barrial/local, con el propósito de equilibrar estratégicamente necesidades y objetivos sociales y económicos diversos, extendiendo el alcance de los Planes Reguladores a la totalidad del territorio Comunal, incorporando la planificación y el desarrollo de la Ruralidad como eje del desarrollo comunal.

 

3.      Asegurar a nivel comunal, a través de las Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECO), la participación vinculante, habilitante y gestionaria de la sociedad civil desde el origen de los instrumentos de Planificación Territorial. Los Planes Metropolitanos y Regionales deberán ser sancionados a través de plebiscitos obligatorios dentro de las escalas respectivas.

 

4.      Crear el Fondo de Integración Social Urbana (redistributivo), con recaudaciones provenientes de la modificación del Impuesto Territorial (contribuciones): i) Ampliación del tramo de exención según valor y cantidad de bienes raíces (máximo 2), ii) Aumento del porcentaje de contribución a grandes propietarios (según cantidad de bienes raíces y valor); canalización en parte de recursos para reconstrucción y catástrofes; modificación de la Ley de Aportes al Espacio Público;  e implementación del cobro de plusvalías a la construcción en altura.

 

5.      Plantear como idea fuerza en la planificación comunal el concepto de “CIUDAD DIGNA”, bajo la lógica del modelo de ciudad en 15 minutos, con un compromiso por la equidad urbana y el desarrollo armonioso del territorio, a fin de restaurar las conexiones y actividades sociales colectivas, conducentes a estilos de vida urbanos sostenibles que mejoren la calidad de vida para todas las personas.

 

6.      Crear un Banco de Suelo Público que gestione sitios eriazos fiscales y adquiera suelo nuevo mediante compra preferente en zonas de interés social, traspasando debidamente terrenos a los Gobiernos Locales, al CDU o a cooperativas para la construcción de vivienda pública para arriendo a precio justo y privada, infraestructura y equipamiento urbano.

7.      Desarrollar en áreas metropolitanas, el modelo de subcentros de servicios a través de la línea de Proyectos Urbanos Integrales, especialmente en territorios con alta densidad habitacional y/o hacinamiento en contraposición a carencia de servicios, proponiendo subcentros jerarquizados funcionalmente, según el contexto histórico-geográfico y demográfico.

 

8.      Regenerar ciudades y barrios, con el criterio de impedir la relocalización de los grupos de menores ingresos en la periferia. Retomar la política de “remodelación sin erradicación”, mejorando residencias y barrios del centro de la ciudad, sin expulsar a sus habitantes, fomentando iniciativas de Micro Radicación vigentes, como pequeños condominios, densificación predial y construcción en sitio propio.

 

9.      Alinear el Programa Quiero Mi Barrio bajo el enfoque de Ciudad Digna, que marque una nueva etapa en la inversión a nivel barrial, incorporando como componente importante el desarrollo de iniciativas de economía social y de desarrollo cultural y educativo.

 

10.    Generar, en relación a la vialidad, diagnósticos y planos de Zonas de Movilidad Insegura. En base a estos proponer diseños de Rutas Seguras, donde se identifiquen las condiciones que deben tener estas rutas (alumbrado, altura de árboles, zonas de descanso, etc.). El diseño deberá elaborarse en conjunto con comunidades educativas, organizaciones comunitarias de mujeres, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, comunidad LGTBIQ+, y en coordinación con Municipios.

  

11.    Crear, a nivel municipal, “Inmobiliarias Populares” y “Constructoras Populares” que interactúen tanto con los Serviu como con las cooperativas de viviendas y los comités de viviendas, en la búsqueda de acceso a la vivienda digna y adecuada y a un habitar digno, toda vez que la vivienda propia no esté dentro de las posibilidades de corto plazo.

 

12.    Implementar, a través de las “Inmobiliarias Populares”, una política de construcción de viviendas públicas de carácter masiva, de bajo costo, de diversas tipologías y con una localización óptima para acceder a las oportunidades urbanas, a través de subsidios de arriendo o arriendo protegido o a precio justo. Se fijará el 10% de la renta autónoma del hogar como máximo para el pago del arriendo.

 

13.    Decretar un programa específico de fomento y financiamiento de la autogestión de vivienda y cooperativas, para organizaciones sociales que busquen mantener su cohesión y demuestren capacidad de gestionar transparentemente los recursos públicos.

 

14.    Asegurar una política efectiva de acompañamiento y búsqueda de soluciones definitivas en cada campamento, trabajando de manera conjunta con dirigentes sociales y municipios para la definición oportuna de una solución habitacional óptima para cada caso, combinando alternativas de radicación, urbanización y/o relocalización.

 

15.    Bajo ningún punto se considerará el uso de la fuerza para el desalojo de asentamientos precarios, lo cual estará garantizado cuando el derecho a la vivienda prime por sobre el derecho a la propiedad privada.

MUNDO RURAL INTEGRADO AL DESARROLLO

El Estado, como representante de los intereses ciudadanos, debe ser el impulsor de un desarrollo nacional sustentable que permita superar la dependencia, desigualdad y fragilidad económica del actual modelo Neoliberal y extractivista, mediante la promoción de la soberanía alimentaria, la industria nacional, la ciencia, la tecnología y los saberes tradicionales.


Actualmente, Chile carece de una política rural explicita y formal, como las que comúnmente existen en otros países de la OCDE. Es decir, no existe un enfoque territorial integral para el desarrollo de las regiones rurales del país. En contraste, tiene una serie de políticas sectoriales para aquellas actividades que más comúnmente son desarrolladas en las áreas rurales, principalmente actividades basadas en la extracción de recursos naturales y en la agricultura, así́ como algunas medidas específicas para la prestación de servicios públicos en áreas rurales.


Las políticas de desarrollo rural han sido diseñadas con un enfoque desde arriba hacia abajo, a veces sin la debida consideración de las particularidades, prioridades y realidades territoriales. La gran cantidad de actores públicos nacionales involucrados en el desarrollo rural, genera un alto grado de fragmentación institucional, lo que tiene como resultado la súper posición de programas y fallos de coordinación en las políticas rurales. La limitada capacidad fiscal de los gobiernos municipales limita su capacidad de ejercer cualquier responsabilidad que les haya sido delegada. En este contexto, es importante que, a dichos gobiernos, se les vean transferidos recursos junto con mayores atribuciones.


El Estado debe establecer y reconocer la función social de la propiedad, la tierra, el agua y los ecosistemas, estableciendo a su vez el deber y poder del Estado para regular su uso, prohibir su deterioro, limitar o prohibir su concentración y, de ser necesario, establecer procesos de redistribución. El Estado debe garantizar la sustentabilidad de los bienes naturales renovables y no renovables del territorio de Chile, que pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. No se arriendan, venden, sesionan ni concesionan.


El Estado de Chile debe otorgar rango constitucional a la Declaración de los Derechos Campesinos y Otras Personas que Laboran en el Ámbito Rural que emanó de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que fue firmada por Chile.


Se debe reconocer al campesinado como un sector social que desarrolla múltiples actividades económicas, que tiene características distintivas en lo económico, social y cultural, y que es fundamental para la soberanía alimentaria del país, la preservación de la biodiversidad y la creación de bienestar para todas y todos.


Se debe reconocer el derecho de la población rural a un nivel de vida decente, a la salud, a participar en la vida cultural, al acceso a la justicia, al agua potable y saludable, limpia y al saneamiento de la misma, así como el derecho a estar protegidos y protegidas contra desalojos forzados, contra la contaminación, entre otros.


El Estado debe garantizar la protección de la agricultura campesina e indígena, la recolección y pesca artesanal, reconociendo y fomentando su papel fundamental en la producción de alimentos para el consumo nacional. El Estado debe asegurar los medios y medidas necesarias para resguardar al sector de las prácticas que atenten contra su bienestar, permanencia y función social.


Las políticas agrícolas y pesqueras deben desarrollarse de manera participativa y el Estado debe garantizar la existencia de instancias de participación efectiva para todos y todas quienes habiten y trabajen en los territorios rurales.  Es de especial importancia que las organizaciones campesinas, indígenas y de la pesca y recolección de representación participen de  forma  deliberativa y propositiva en la toma de decisiones que afecten su trabajo, su sustento,  sus formas de vida y los territorios que habitan.


Propuestas programáticas:


1.     Proponemos impulsar un plan nacional para el mundo rural, donde cada uno de los servicios públicos del país, partiendo por los propios ministerios, tengan un rol específico, que se combinará de manera holística con el resto del Estado, de manera de congregar a amplias alianzas con los gobiernos locales y regionales del mundo rural. En el caso de los gobiernos locales, extenderemos el alcance de los Planes Reguladores Comunales a la totalidad del territorio comunal para permitir que las zonas rurales sean también espacio de planificación e intervención local para asegurar la vida digna de la ruralidad.

 

2.     El incremento de ingresos propios en municipalidades rurales, por ejemplo, a través de la reducción o eliminación progresiva de las exoneraciones al impuesto a la propiedad y de hacer cumplir el pago de patentes empresariales al municipio, puede ayudar a los gobiernos locales a cumplir con las responsabilidades que les han sido delegadas extendiendo las mismas a la totalidad del territorio comunal.

 

3.     La incorporación de variables adicionales en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que consideren el costo de la prestación de servicios públicos en áreas escasamente pobladas, durante la etapa de evaluación ex ante de rentabilidad social, puede contribuir a reducir las desventajas de las localidades rurales al momento de competir por recursos del FNDR.

 

4.     Reconocer la legitimidad de distintas formas de propiedad y usufructo de la tierra (privada, individual, colectiva, comunitaria, estatal, pública, cooperativa).

 

5.     Reconocer y garantizar el acceso a la tierra de todos y todas quienes la trabajen directamente. Establecer la obligación del Estado y todas las instituciones de garantizar el acceso a la tierra de las mujeres y jóvenes. Establecer el derecho a la restitución de tierras usurpadas a los Pueblos originarios y campesinos.

 

6.     Proteger la tierra y espacios rurales contra la especulación inmobiliaria y la expansión urbana e industrial.

 

7.     Reconocer las semillas como patrimonio de los pueblos y de la nación, que han sido desarrolladas por miles de años de trabajo de comunidades campesinas e indígenas, especialmente por el trabajo de las mujeres del campo. 

 

8.     Establecer el deber del Estado de impedir cualquier política, legislación, reglamentación o medida que limite el libre uso, intercambio, mejoramiento y conservación de las semillas.

 

9.     Reconocimiento del derecho a las semillas y a la biodiversidad, que incluye el derecho de guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender y reutilizar las semillas campesinas, así como el apoyo y fomento de los saberes campesinos y ancestrales.

 

10.   Prohibición de privatizar las semillas, los animales y otras formas de vida, incluidos los procesos vitales, los componentes y estructuras celulares, genéticas y químicas de ellas.

 

11.   Prohibición de la producción, uso, consumo e importación de cultivos y alimentos transgénicos en el país, incluida la prohibición de producción de semillas transgénicas.

TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD

Necesitamos cambiar la lógica sobre la que se ha estructurado la planificación del transporte en los últimos 30 años en Chile, con una desconexión total entre todas las iniciativas. Hemos terminado construyendo un sistema desconectado, ineficiente y que ha permitido la ganancia del sector privado a costa de garantías estatales, el proceso del transantiago ha sido un fracaso para el sistema de transporte público que no ha logrado ser revertido, el cual solo se ha profundizado con las leyes espejo, pues no existe un plan real de mejoramiento del transporte público en el país.  


La planificación del transporte en Chile se ha sostenido, fuertemente, sobre la base del financiamiento privado y la estricta rentabilidad privada de las inversiones en proyectos de transporte. De esta manera, en tanto un proyecto de transporte urbano o interurbano sea financiable privadamente, lo que implica la necesaria rentabilidad económica privada en el mediano o largo plazo, se ha optado en muchos casos por estas soluciones, descartando proyectos y soluciones de alta rentabilidad social y medioambiental. La política de transporte en Chile ha buscado, en muchos casos, oportunidades de negocios más que soluciones sustentables y sostenibles a las necesidades de transporte y movilidad.  


El futuro del transporte está en la implementación de la electro movilidad, hay que buscar ampliar el parque automotriz y los vehículos para transporte público a partir de energías eléctricas. Esto implica un salto en la forma en que producimos energías limpias, las almacenamos y las hacemos sustentables a largo plazo, este debe ser un compromiso del Estado de Chile.  


Cambiar la lógica sobre la que se planifica el transporte y movilidad en Chile, asumiendo al transporte público y modos no mecanizados de desplazamiento como el eje y pilar central de la planificación, invirtiendo, priorizado y potenciando a estos modos y alternativas de transporte y movilidad por sobre el automóvil particular.  


Propuestas programáticas:  


1.     Impulsaremos un sistema nacional de transporte público, bajo una sola dirección, permitiendo generar políticas virtuosas en todas las regiones, así como la complementación de los servicios de buses y trenes urbanos.  


2.     Crear e implementar la figura de Autoridad Metropolitana del Transporte a nivel regional, con atribuciones y responsabilidades sobre la planificación y operación del sistema de transporte urbano regional.    


3.     Impulsaremos un ferrocarril que una el territorio chileno, el proyecto a realizarse en los cuatro años de gobierno, servirá para el trasporte de carga y pasajeros e implicará una fuerte inversión pública en infraestructura.  


4.     Construcción de líneas de metro L7, L8 y L9 además de la extensión de las líneas L2, L3 y L4, de manera de dar más conectividad a la Región Metropolitana. Del mismo modo, iniciaremos el estudio de iniciativas de mejoramiento de los trenes urbanos de Valparaíso y Concepción.    


5.     Construcción, habilitación y mejoramiento de 100 nuevos kilómetros de vías exclusivas o pistas solo buses al sistema de transporte público de Santiago. Demarcación, segregación física y fiscalización electrónica de toda la red vial de uso exclusivo.  


6.     Diversificación del sistema tarifario del transporte público de Santiago: Se disminuirá la tarifa a medida que se hagan más viajes en el sistema, disminuyendo el gasto de las familias que usan preferentemente el sistema de transporte público por medio de la tarjeta de prepago. Por otra parte, vamos a bajar las tarifas para adultos mayores y personas en riesgo social, además de las y los estudiantes.    


7.     Se promoverá el uso y comercialización de vehículos eléctricos, impulsando la implementación de electrocargadores en estacionamientos y espacios públicos, disponibilidad de estacionamientos exclusivos en áreas urbanas saturadas y rebaja del IVA por la compra de vehículos eléctricos.  


8.     En el transporte multimodal, proponemos el inicio de pavimentación y modernización de la Carretera Austral a un estándar de carretera bidireccional con dos carriles de circulación y toda la infraestructura esencial, la evaluación y análisis de nuevas tecnologías y modos de transporte, como lo es el metrocable y sistema de buses O-Bahn para comunas rurales y la construcción de tren Melipilla – Estación Central.

DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y MEDIOS

El derecho humano a la comunicación y libre expresión, así como el derecho a una información plural, veraz y oportuna está resguardado por el sistema internacional de derechos humanos y entendido como condición básica de toda democracia. En ese contexto, Chile enfrenta grandes desafíos en materia de comunicación que se sostienen en la deficiente garantía de estos derechos en la Constitución, a la vez que la falta de institucionalidad y políticas públicas en relación a materias como la comunicación y el fomento de desarrollo de medios de comunicación diversos para garantizar el pluralismo informativo.  


La herencia de la dictadura y la nula acción de los gobiernos democráticos permitieron sostener un modelo de comunicación privatizado que excluye voces diversas y sobre representa intereses de los sectores hegemónicos. Una de las principales trabas se encuentra en la actual Constitución, la que establece en el artículo 19 – N°12 “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio…”, desconociendo el derecho de la población a comunicar y recibir información oportuna, diversa y veraz, ya que omite, sin más, a la sociedad receptora y la dimensión colectiva de los derechos asociados a la comunicación. Además, prohíbe solo el “monopolio estatal sobre los medios de comunicación social”, sin regular otros sectores.


Aquello ha provocado un escenario medial de alta concentración de la propiedad de medios privados, sin medios públicos, y persecución a medios sociales o comunitarios. Uno de los peores escenarios de América Latina.  


En el caso de la prensa escrita, existe un cuasi duopolio entre dos conglomerados: El Mercurio y COPESA. La prensa escrita presenta una situación crítica de concentración que se sostiene en el tiempo. Las empresas El Mercurio SAP y el Consorcio Periodístico de Chile, COPESA, líderes indiscutidos del mercado, concentran un 82% de lectoría y más del 84% de la publicidad en el sector. Este virtual duopolio entre ambas empresas se extiende también a la prensa regional donde tienen un fuerte control.  


Por otra parte, ambos son parte de empresas inmobiliarias, financieras, alimentarias, agrícolas y agroindustriales, de distribución, servicio al cliente y editorial; rubros en que los medios de comunicación masiva ejercen un rol ideológico, político y económico, permitiéndose, sin ningún tipo de regulación, lo que se denomina concentración vertical y horizontal, propiedad cruzada y en distintos sectores productivos. Un modelo de negocio que se expande, además, al mercado de los medios digitales.  


En radio, el control está en manos de los holdings Iberoamericana Radio Chile, Grupo Luksic, grupo Bethia y Grupo Dial. En televisión los principales grupos son TVN, Grupo Bethia (nuevamente), Grupo Luksic (nuevamente) y Time Warner. Escenario que se repite con los gigantes mundiales de la virtualidad.  


La concentración de la propiedad es una realidad sistémica que afecta la garantía colectiva de los derechos asociados a la comunicación y ha prevalecido por décadas. Si bien se remite a una realidad económica, también se manifiesta en el plano ideológico, ejemplo de lo anterior es la práctica habitual de los medios masivos que tienden a exponer una reducida representación de la sociedad cargada de valores, juicios y prejuicios.  


La concentración de los medios también es geográfica y se expresa no solo en la convergencia de todos los medios nacionales en Santiago, sino también en que muchos medios regionales y provinciales tienen matriz en la capital del país y sus equipos profesionales están conformados principalmente por trabajadores y trabajadoras que provienen de las grandes ciudades. Por otro lado, no existe resguardo de medios sociales o sin fines de lucro, que más bien son estigmatizados y criminalizados en su actuar. Tampoco hay institucionalidad alguna que cuide los derechos de las audiencias.  


Como se ha dicho, proponemos modificar la concepción Neoliberal de los derechos asociados a la comunicación y hacer más equitativo el sistema de medios. Es decir, asumiendo la dimensión colectiva de estos derechos como condición básica a garantizar por parte del Estado, lo que incluye el pluralismo informativo y el acceso equitativo a los medios de comunicación.  


Propuestas programáticas:  


1.     Crear un medio público. Por eso, sugerimos modificar la ley de TVN para dotarla de una concepción de medio público, que modifique el nombramiento de su directorio y contemple financiamiento mixto (público y privado) que le permita cumplir con su rol de educar, informar y entretener.  


2.     Soberanía tecnológica para un Chile seguro e independiente (impulso del software libre en la administración y en la educación pública. Chile promocionará el uso de un software libre gratuito, estable, más eficiente y con énfasis en las instituciones educativas públicas.  


3.     La Asamblea General de las Naciones Unidas definió el año 2016 el acceso a Internet como un Derecho Humano. En Chile es fundamentalmente una mercancía administrada por pocas empresas en un mercado hiperconcentrado. La digitalización creciente de las más diversas actividades, y los efectos de la pandemia hacen urgente reconocerlo como DD.HH en la nueva Constitución. Además, se hace necesario llevar medidas concretas tendientes a permitir el acceso a internet y el acceso al hardware necesario para las comunidades y las personas. Así, a mediano plazo, se propone el impulso y aceleración de Plan de Banda Ancha para Chile que garantice el acceso.  


4.     Se propone sentar las bases de lo que debe ser una Plataforma o Sistema de Medios Públicos (SMP). El debilitamiento, sino derechamente la destrucción de los medios públicos (mediante privatización o precarización) ha sido una marca de las políticas Neoliberales en el ámbito de lo mediático-comunicacional. Es lo que ha ocurrido en Chile, sobre todo a partir de 1990. Por el contrario, gobiernos progresistas han optado por una clara política de fortalecimiento del SMP; es lo que proponemos que también ocurra en nuestro país. Así, sugerimos el desarrollo de una política pública que funde e integre un modelo multimedial de medios públicos, que incluya las distintas plataformas (audiovisual, sonoro, escrito y virtual).  


5.     Promover una ley Orgánica de Comunicación (LOC); Ley de Servicios Mediales, Ley de Medios o como prefiera denominarse. Chile carece de una institucionalidad en materia de comunicaciones; adicionalmente, la legislación que regula el sector está repartida en múltiples leyes de diferente alcance y ámbitos de emanación, a diferencia de otros países como Ecuador o Canadá. Una LOC permitiría establecer una política pública de creación y fomento de medios de comunicación; estableciendo garantías para la existencia de los tres sectores de la comunicación: medios públicos fortalecidos; privados con regulaciones en su estructura de propiedad y sociales o sin fines de lucro con apoyo público que les haga sustentables; así como el contexto digital. Asimismo, permitiría administrar de un modo transparente y democrático, la asignación de frecuencias y los diversos mecanismos de financiamiento que hoy existen y que son opacos y fragmentados. La nueva Carta Magna deberá dar rango constitucional a la existencia de esos tres sectores de medios y a la regulación de la concentración de la propiedad medial privada.  


6.     Crear un organismo de Defensoría de audiencias y públicos. Sentar las bases del debate para la creación de un organismo autónomo del Estado, encargado de velar por los derechos de las audiencias frente a los grandes medios masivos. Su papel será contar con campañas de educación y defensa de sectores históricamente excluidos o discriminados de los relatos mediático, como indígenas, mujeres, migrantes, niñas, niños, adolescentes, entre otros.


7.      Institucionalidad Pública de Comunicación. Es importante evaluar la incorporación de una nueva estructura en el Ejecutivo, que analice y estudie el devenir de políticas públicas en materia de comunicación. Se propone evaluar la implementación de experiencias de ministerios de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo.

VERDAD, MEMORIA, JUSTICIA, REPARACIÓN, REFORMAS INSTITUCIONALES Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

La prevalencia de la verdad por sobre la justicia en los casos de graves violaciones a los derechos humanos no parece haber dado los resultados esperados, en términos de construir una sociedad más democrática y de instituciones que garanticen los derechos más esenciales de las personas, así como la no repetición de tales atrocidades. En este sentido, una propuesta en materia de verdad, memoria, justicia y no repetición debiera considerar no solo las heridas dejadas por la dictadura militar, sino principalmente medidas que tengan como objetivo consolidar una sociedad más democrática, con instituciones respetuosas de los derechos humanos y mecanismos eficientes para controlar la actuación de las instituciones del Estado y la no repetición de esas violaciones.  


En Chile, durante la dictadura, se violaron de manera sistemática los derechos humanos, lo que significó la pérdida de más de cuatro mil vidas, entre quienes fueron asesinados y detenidos desaparecidos. Más de 35 mil personas padecieron la prisión política y la tortura, y cientos de miles debieron partir al exilio o perdieron sus trabajos por razones políticas. Junto con esto, se vulneraron derechos como la libertad de expresión, de reunión y en general de todo tipo de participación política.  


La violenta represión de la que han sido víctimas miles de manifestantes, junto con las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, ponen de manifiesto no solo la urgencia de implementar medidas que respondan a la gravedad de la situación descrita, sino principalmente que abran la discusión sobre la efectividad de las medidas adoptadas en el campo de la Justicia de Transición para enfrentar el legado de horror de la dictadura militar.  


Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sus familiares y, en general, la sociedad chilena deben tener acceso a la información de lo ocurrido, los culpables deben ser juzgados con penas acorde a los delitos cometidos, y debe existir una política pública que repare individual y colectivamente el daño sufrido por varias generaciones de chilenas y chilenos.  


Propuestas programáticas:  


1.     Creación de una Comisión de Verdad y Justicia permanente, que tenga como objetivo investigar graves violaciones a los derechos humanos, facilitar documentación a los tribunales de justicia, apuntar a los responsables de esas violaciones cuando eso sea posible y calificar a las víctimas.


2.     Proponemos la libertad a las y los presos políticos de la revuelta social que inició este nuevo ciclo político del país.


3.     Promoveremos una ley de sitios de memoria, que rescate lugares, promueva el hallazgo y el financiamiento permanente y estable de esos espacios, con el objetivo de abrirlos a actividades sociales, culturales y políticas. De esta forma, se busca poner fin al sistema de financiamiento por concurso.


4.     Garantizar el acceso de víctimas calificadas por violaciones a los derechos humanos a políticas de bienestar social, tales como:  


  Pensión vitalicia.

  Acceso a salud física y psicológica, incluyendo la reparación de daños provocados por la acción de agentes del Estado, por ejemplo, en el caso de trauma ocular, lesiones por productos químicos o traumas derivados del sometimiento a tortura y tratos crueles e inhumanos.

  Acceso a becas de educación para hijos e hijas de víctimas de violaciones a los derechos humanos, heredable a generaciones posteriores.

  Ingreso gratuito a universidades o centros de capacitación técnica o profesional de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de lograr su reconversión laboral en aquellos casos en que no sea posible ejercer el antiguo oficio o profesión como consecuencia de los daños sufridos.

  Acceso a subsidios habitacionales para víctimas de violaciones a los derechos humanos.  


5.     Terminar con la criminalización del derecho a manifestarse:  


  Derogación de la Ley Nº 21.208 que modifica el código penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública, a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica o Ley Antibarricadas y Antisaqueos.  

  Derogación de la Ley Nº 20.931 que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos o Ley de Control de Identidad.

FOMENTAR LA MEMORIA HISTÓRICA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Las transformaciones sociales están conectadas con nuestra memoria individual y colectiva. Son procesos de construcción social en los que todos y todas somos parte. Nuestra memoria histórica y cultural ha potenciado las profundas y necesarias transformaciones que el país necesita para que, mirando y reconociendo el pasado, avancemos hacia una sociedad que garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos.

 

La revuelta iniciada el 18 de octubre 2019, evidenció que es necesario garantizar nuestro derecho a manifestarnos y tomar las calles como expresión de nuestras diferencias, demandas y fortalezas.


Propuestas programáticas:

   

1.     Contaremos con una institucionalidad y una política cultural que considere en sus fundamentos la memoria fracturada del Chile reciente y pasado, que permita materializar acciones tanto para la difusión de la verdad de la historia como de reflexión para un futuro sin violaciones a los derechos humanos.

 

2.     Incorporaremos en la malla curricular de la enseñanza obligatoria contenidos referidos a memoria y Derechos Humanos.

 

3.     Financiaremos la producción de contenidos en distintos formatos (libro, música, audiovisual, artes escénicas etc.) que potencien la transmisión de la memoria colectiva así como la debida distribución en bibliotecas, escuelas, centros culturales, etc.

DERECHO A LAS CULTURAS, ARTES Y PATRIMONIO

El actual momento constituyente nos brinda la oportunidad histórica de reflexionar acerca de un “Sistema de Cultura” que se proyecte en una sociedad activa y organizada. Nos proponemos construir políticas publicas participativas, descentralizadas, comunitarias, vinculantes, informadas, contemporáneas y democráticas, que respeten los valores de la plurinacionalidad, la interculturalidad, la diversidad cultural, la equidad de género, el cuidado del medio ambiente, la salvaguarda de los patrimonios naturales, materiales e inmateriales; la memoria y los derechos humanos, potenciando el pensamiento crítico, la soberanía, la diversidad cultural, la creatividad, la innovación, la voluntad trasformadora y la sabiduría de nuestro pueblo. Pretendemos contribuir decididamente al establecimiento de derechos culturales que garanticen condiciones de vida dignas, desarrollo integral y acceso a los bienes y servicios culturales para todas las y los habitantes del país.  


Trabajaremos solidariamente para crear, mantener y mejorar condiciones objetivas que posibiliten que las culturas, las artes, los patrimonios y la participación ciudadana, puedan expandirse con libertad. Reconocemos nuestra diversidad y las múltiples identidades socioculturales, un modo de convivencia basado en la colaboración, el respeto mutuo y la valoración del ser humano sin distinción, des mercantilizando nuestras formas de relacionarnos. Trabajaremos para que se reconozca y valore el rol de las y los trabajadores de la cultura con mirada de futuro. Promoveremos, a través de la acción cultural, la educación y las comunicaciones; vincularemos la educación y el arte, para que niños y niñas sean protagonistas de un cambio cultural y social en Chile.  


La cultura es una dimensión de la vida humana caracterizada por una elevada complejidad. Nos enfrentamos a un hermoso desafío que es resolver el desarrollo inorgánico de una institucionalidad cultural que no está a la altura de las necesidades de nuestro país, con políticas culturales elaboradas de manera unidireccional, vertical y corporativista, que desconocen la riqueza y diversidad presentes en los territorios, en nuestras comunidades y primeras naciones. Un sector al que históricamente se le han asignado recursos insuficientes que hacen compleja la necesaria coordinación y articulación en distintos niveles, de manera intersectorial, interinstitucional e internacional.  


Las lógicas y prácticas Neoliberales han permeado amplios espectros de la sociedad, privilegiando aspectos comerciales y hegemónicos por sobre el rol de la cultura en la cohesión social, la construcción de una sociedad del conocimiento y su indiscutible y sustantivo aporte al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. La política cultural que pretendemos implementar se hará cargo de cambiar colectivamente esta realidad.  


Se debe avanzar, entonces, en una propuesta que aborde estas falencias desde una mirada de trayecto, que nos invite a transitar hacia un proyecto cultural distinto, donde la participación vinculante tenga como protagonista a los pueblos; las y los creadores, las y los cultores, las y los educadores culturales. Serán ellas y ellos quienes promuevan una redefinición de los derechos culturales de todas y todos.  


Hablamos de trayecto, porque haremos colectivamente una ruta donde la dignidad y las identidades diversas de los pueblos sean una inspiración permanente, creada y recreada por las diversas comunidades que coexisten en torno a las artes, las culturas y los patrimonios, con el fin de contar con una política sustantiva de desarrollo cultural. En este sentido, proponemos los siguientes objetivos: 


1.     Avanzar hacia la articulación de un “Sistema Cultura” integrado transversalmente a la política nacional de desarrollo del programa de gobierno, que trabaje intersectorialmente con temáticas que respeten y consideren la cosmovisión de las primeras naciones; que aborde de manera transversal ámbitos como educación, género, diversidad; ciencias y tecnología, I+D+i, DD.HH, medio ambiente, salud, comunicaciones, reactivación económica, pensiones, defensa, constitución y presupuesto; y que conduzca a Chile y su pueblo por un camino de superación del modelo Neoliberal en un corto, mediano y largo plazo.  


2.     Democratizar las decisiones sobre política cultural, a través de la creación de órganos representativos que consideren integrantes electas y electos por sus pares, mediante votación popular, para los distintos sectores de la cultura, que contribuyan tanto en procesos de diseño y aprobación de planes y programas para la implementación de políticas culturales como en la incidencia de la comunidad en la distribución del presupuesto destinado a cada sector y/o disciplina. Proponemos una base normativa dinámica y actualizada, que permita la descentralización de los recursos y del poder hacia los territorios.  


3.     Garantizar el cambio cultural de Chile, incorporando a todas las personas que habitan en el territorio de Chile, chilenas y chilenos que viven en otras latitudes, para avanzar en el reconocimiento de nuestra diversidad, en los modos de relacionarnos, valorando y resguardando los patrimonios, las expresiones culturales de los pueblos originarios y las tradiciones culturales de las y los migrantes para que accedan al disfrute y uso de los bienes artísticos culturales, ampliando el ejercicio de los derechos culturales, desde el vínculo cultura y de educación.

INSTITUCIONALIDAD CULTURAL Y FINANCIAMIENTO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS

La Cultura nunca ha sido una prioridad nacional y así lo demuestra la mezquina inversión en el sector que equivale al 0.3% del presupuesto total de la Nación. Proponemos implementar una sólida institucionalidad cultural con enfoque territorial, desconcentrada, intercultural, intersectorial y con perspectiva género.  


Propuestas programáticas: 


1.    Aumentar significativamente la inversión para culturas, artes y patrimonios al 2.0% del presupuesto de la Nación. Con ello financiaremos políticas, planes y programas orientados a la ciudadanía, resignificando este sector como un factor estratégico para el desarrollo integral de las y los habitantes del país y de las y los chilenos en el exterior.  


2.    Aumentaremos los fondos regionales (actual FNDR) del 2 al 4% para generar un sistema de financiamiento de la cultura desde los gobiernos regionales que se destinará a proyectos culturales de municipios, fomento de la asociatividad cultural y sus organizaciones; y otras instituciones sin fines de lucro.  


3.    Evaluaremos, para actualizar y mejorar los marcos normativos en materia de cultura e institucionalidad cultural, con el fin de ajustarla a las necesidades del país y los objetivos transversales del gobierno, de mayor participación vinculante, despliegue en el territorio, descentralización y desconcentración real, considerando la participación e incidencia de las personas mediante la creación de órganos representativos y con poder resolutivo.  


4.    Impulsaremos la creación y funcionamiento de observatorios culturales especializados, respetando su autonomía e independencia en la labor.   


5.    Evaluaremos la eficiencia del gasto público en culturas, arte y patrimonios, permitiendo conocer los impactos de las políticas, planes, programas y proyectos implementados. Por ejemplo, en las Políticas Culturales Sectoriales, Plan Nacional de Fomento Economía Creativa y Programa Estratégico Economía Creativa, entre otras. Lo anterior, evitará evitar duplicidades, superposición de funciones, unificando presupuestos, áreas y equipos.  


6.    Crearemos nuevos mecanismos de asignación de recursos públicos para el fomento y difusión de las culturas, las artes y los patrimonios para mejorar, complementar y/o cambiar el actual modelo de distribución vía “Fondos Concursables”, transformando la lógica de la competencia en una de colaboración.  


7.    Estableceremos instrumentos de planificación y presupuesto anuales/bianuales/trianuales que permitan su implementación en sinergia con la naturaleza de los programas (corto, mediano y largo plazo).  


8.    Revisaremos la actual institucionalidad cultural y todos sus órganos dependientes, a fin de garantizar su eficiencia y crecimiento adecuado a los desafíos presentes y futuros, considerando ámbitos emergentes en equivalencia con recursos económicos, perfiles técnicos y profesionales con carga laboral en equivalencia.  


9.    Promoveremos mejores condiciones laborales para trabajadoras y trabajadores en sistema honorarios y contrata.  


10. Dotar a la institucionalidad cultural de Institutos de Fomento para las Artes (Música, Audiovisual, Artes Escénicas y Artes Visuales) que consideren investigación, difusión, documentación, formación y certificación para los diversos sectores artísticos; que permitan el acceso al conocimiento y las técnicas en sus distintos géneros y niveles; que implementen las políticas culturales de cada sector con sus diversos géneros y  formatos; y que cuenten con infraestructura, legislación y recursos propios.    


11. Impulsaremos que las nuevas obras de infraestructura pública (a nivel local, regional y nacional) contemplen espacios para fines culturales o actividades relacionadas que convoquen a la comunidad en su conjunto.  


12. Recuperaremos el edificio adyacente al GAM (ex Diego Portales) como sede para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, garantizando infraestructura adecuada tanto para elencos artísticos como para diversos fines culturales.  


13. Fortaleceremos la labor de los museos públicos y sus roles diversos como agentes locales de desarrollo y expresividad sociocultural participativa, motivando la gestión de sus colecciones, potenciando el intercambio interinstitucional entre agentes estatales y sociedad civil. Un sistema que visibilice y potencie una gestión expandida, en red y moderna de cara a los territorios, sus comunidades y la ciudadanía en general.

ESTABLECER ESPACIOS DEMOCRÁTICOS, PARTICIPATIVOS Y VINCULANTES DE TODAS LAS VOCES (PORTADORES DE INTERESES) EN EL QUE HACER DEL ESTADO EN MATERIA DE CULTURAS, ARTES Y PATRIMONIOS

Queremos que Chile sea una democracia cultural descentralizada, desconcentrada, participativa e inclusiva. Estamos llamados a co-diseñar un nuevo modelo cultural que posibilite superar el paradigma Neoliberal de la homogeneización, el monoculturalismo, la competencia economicista, la segregación, el individualismo, el clientelismo y el patriarcado, para lo cual pretendemos resaltar un modelo intercultural, que no segregue, con enfoque de género, que recoja las particularidades de los diversos territorios y que incluya la democracia participativa en los modelos de gestión cultural en todo ámbito, y desde el enfoque de los derechos.  


Propuestas programáticas:  


1.     Levantar participativamente la "Carta de la Ciudadanía Cultural" que establezca los derechos de las personas y comunidades al goce y desarrollo cultural, artístico y patrimonial, para acompañar el proceso constituyente elegido en votación popular.


2.     Levantaremos un catastro del mundo artístico y cultural de Chile para conocer el universo, diversidad, distribución, especialidades y atributos, siendo esta riqueza de conocimiento fundamental para proponer un desarrollo cultural equitativo para las y los habitantes del territorio.


3.     Realizaremos cabildos culturales como sistema participativo permanente para levantar necesidades de desarrollo cultural de las personas y comunidades, fortaleciendo el tejido social y potenciando el trabajo colaborativo.


4.     Impulsaremos presupuestos participativos para el diseño de planes y programas institucionales a nivel local, regional y nacional, estableciendo cooperación entre el Nivel Central del Estado, Gobiernos Regionales y Municipalidades para el financiamiento equitativo y compartido, con énfasis en el apoyo a municipios de comunas con mayor índice de vulnerabilidad.


5.     Valoraremos la declaración de Naciones Unidas respecto de la definición del uso de Internet como Derecho Humano, para garantizar la conectividad y disminuir las brechas digitales en acuerdo con las comunidades.


6.     Participaremos en la creación de un Sistema de Medios de Comunicación Públicos (SMP) que permitan democratizar el acceso a la información y contrarreste el sesgo y la hegemonía de los medios existentes y garantice la difusión del trabajo de artistas, gestoras y gestores culturales.

AUTONOMÍAS LOCALES Y TERRITORIALES

Garantizaremos el pleno ejercicio de los derechos culturales a nivel comunitario, promoviendo la participación, producción, disfrute y difusión de sus manifestaciones a lo largo del territorio nacional.  


Propuestas programáticas:  


1.     Diseñaremos e implementaremos programas de desarrollo artístico y cultural para la participación de las comunidades y territorios, que contemple la colaboración activa de artistas y agentes culturales que acompañen procesos participativos nacidos en los barrios  u otras unidades territoriales, siempre en red con entidades educacionales y organizaciones comunitarias.  


2.     Crearemos una Plataforma de Desarrollo de Iniciativas Culturales populares relacionadas al acceso, producción, creación, distribución y encadenamientos productivos que nos permitan poner en valor bienes y servicios culturales en todo el país.

3.     Crearemos Centros de Música Popular y Centros de Artesanía Popular;  Escuelas  Populares de Artes y Oficios, Artes Escénicas, Artes Visuales y Audiovisuales, como la Escuela Popular de Teatro implementada en la comuna de Recoleta.  


4.     Crearemos Editoriales Regionales y Librerías Populares que permitan avanzar en la bibliodiversidad, así como dotar bibliotecas públicas, escuelas, centros y casas de la cultura y otros espacios culturales no convencionales, con la riqueza de las letras nacionales.  


5.     Implementaremos productoras musicales públicas para estimular la creación musical nacional y Disquerías Populares para su debida distribución.  


6.     Impulsaremos el Programa Incubadora de Cooperativas con artistas, trabajadoras y trabajadores de la cultura y el espectáculo, para reconocer, validar y dinamizar la especialización y creatividad del país.  


7.     Reconoceremos y apoyaremos a las personas y organizaciones que desarrollan arte callejero, canto popular y expresiones de arte urbano, mediante planes y programas socio económicos y participativos.  


8.     Trabajaremos en conjunto con el actual Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) para su re-significación como un “Centro Cultural del Pueblo”, con el objetivo de dar a conocer la cultura popular, abriendo sus salas a la comunidad.  


9.     Potenciaremos y focalizaremos, entre y desde los territorios, una sólida Comisión Fílmica Nacional para estimular la producción de cine en los territorios, evaluar eficiencia y eficacia de las Iniciativas para el incentivo de producciones extranjeras en Chile.  


10.     Implementaremos un Programa de Turismo Popular, orientado al conocimiento y comprensión de las realidades socioculturales y los paisajes naturales y culturales existentes, para la valoración y fortalecimiento de las economías locales.

LEGISLAR PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (DESC) DE LAS PERSONAS, LAS Y LOS ARTISTAS Y SUS COMUNIDADES.

Impulsaremos proyectos de ley para garantizar el ejercicio de derechos culturales para todas las personas, las comunidades artísticas y sus organizaciones. Lo anterior, en sintonía y considerando el proceso constituyente y las garantías que en materia de culturas, artes y patrimonio allí se contemplen.

 

Propuestas programáticas:

 

1.     Revisaremos la normativa vigente que rige al sector de las culturas, artes y patrimonios en coherencia con los resultados del proceso constituyente.

 

2.     Impulsaremos la Ley para trabajadores y trabajadoras de las culturas, las artes y los patrimonios que asegure condiciones laborales dignas, reconociendo esta dimensión como plataforma laboral y, por lo tanto, con derechos que garanticen la dignidad para este sector.

3.     Impulsaremos mejoras a la legislación en torno a derechos de autor para proteger sus creaciones.

 

4.     Impulsar una ley que establezca un impuesto diferenciado al libro del 4%, que facilite el acceso al libro como herramienta para el conocimiento y la información, y que potencie su valor simbólico y cultural.

 

5.     Implementaremos una Ley de Cuotas de Pantalla para cine y televisión, que garantice un porcentaje de contenido de producción nacional en sus programaciones, ampliando el universo de fuentes de financiamiento para el sector audiovisual.

 

6.     Acompañar la propuesta de Ley Orgánica de Comunicaciones (LOC) para garantizar la creación de señales de televisión estatales (OTT/IPTV) en distintos niveles que aseguren el acceso a contenidos culturales y amplíen el repertorio de experiencias significativas a la ciudadanía, como plataforma de difusión del quehacer artístico y cultural del país.

 

7.     Impulsaremos una ley de Patrimonios Culturales basado en el “sujeto de derecho patrimonial cultural”, que reconozca el Convenio 169 de la OIT y la “Consulta indígena”, el Decreto Supremo N° 11 de 2009 que convierte en Ley de la República la Convención para salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco (2003), y la necesidad de modernización de la actual ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, desde la perspectiva de la participación social y comunitaria.

 

8.     Propondremos una ley de patrimonios culturales, con enfoque participativo y que sea el cúmulo de metodologías y experiencias de deliberación ciudadana y comunitaria, tales como cabildos culturales regionales, encuentros de cultores, congresos ciudadanos, consultas ciudadanas, consulta indígena, entre otros.

LOS PATRIMONIOS CULTURALES Y NATURALES COMO EXPRESIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA INTERCULTURALIDAD Y DE LA DIVERSIDAD EXISTENTE EN CHILE.

Desde la perspectiva de los derechos colectivos, los patrimonios culturales y naturales se nos presentan diversos y representativos de las comunidades que expresan sus identidades, a partir de la construcción social de su propia experiencia histórica.  


En este sentido, la elaboración y recreación constante de la memoria colectiva, requiere configurar la idea del “sujeto de derecho patrimonial cultural”, ya que otorga al colectivo, legatario de conocimientos, prácticas y saberes patrimoniales, el suficiente reconocimiento legal y protección jurídica frente a intereses ajenos de carácter expoliador o desvirtuador de la herencia cultural inmaterial o material. De este modo, ubicamos a los patrimonios en su diversidad como un derecho humano y no como un bien de consumo.  


Propuesta programática:  


1.     Fortaleceremos orgánica, técnica y económicamente el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural como institución especializada en la gestión, protección y conservación del patrimonio nacional que se encuentra bajo el resguardo de museos, archivos y bibliotecas. Proponemos superar la condición de precariedad de la infraestructura, el equipamiento institucional y las condiciones de trabajo de funcionarias y funcionarios.    


2.     Impulsaremos el traspaso y fortalecimiento orgánico y técnico de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, como institución especializada en procesos de gestión con patrimonio comunitario y patrimonio privado de carácter construido, arqueológico, histórico, natural y paleontológico.  


3.     Impulsaremos el traspaso y fortalecimiento orgánico y económico del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, como institución especializada en procesos de gestión con comunidades de cultoras y cultores portadores de conocimientos, saberes y prácticas de patrimonio cultural inmaterial, respetando los principios éticos que la sostienen.  


4.     Robusteceremos la institucionalidad pública patrimonial en las regiones del país, cambiando la lógica y enfoque del servicio público centralizada y concentrada, por la vía de la desconcentración de las decisiones y la descentralización de la gestión, con oficinas y equipos en el territorio.  


5.     Reforzaremos el énfasis simbólico de la descentralización, con fijación de las autoridades y jefaturas de las instituciones patrimoniales en la ciudad de Valparaíso.    


6.     Reconoceremos el patrimonio de las primeras naciones en su dimensión integral para su gestión, con el fin de revitalizar, fomentar y difundir los derechos culturales de manera colectiva.  


7.     Conformaremos comités regionales de carácter participativo y con poder resolutivo para efectos de la toma de decisiones sobre los patrimonios regionales, cuya composición sea proporcional en cuanto a la participación de profesionales, académicos y académicas, cultores y culturas e integrantes de primeras naciones, respetando la paridad de género.

DERECHO AL DEPORTE

Entendemos el deporte, las prácticas corporales y la recreación como un Derecho Social, que el Estado debe garantizar, generando las condiciones materiales para que todas las personas, y en especial los sectores más pobres, disfruten de estas prácticas como parte de su vida cotidiana y mejoren su calidad de vida, sin ningún tipo de discriminación.  


Durante los últimos 40 años, el modelo Neoliberal le ha impuesto a la ciudadanía un estilo de vida centrado en la producción y el consumo, por sobre la recreación y el bienestar de las personas. Se privatizaron o concesionaron una parte importante de los espacios públicos, clubes deportivos, parques y áreas naturales; se permitió un desarrollo urbano a la medida de los intereses inmobiliarios y se consolidó un sistema educacional que exacerba la competencia, la formación para el mercado laboral y las pruebas estandarizadas, en desmedro del desarrollo integral de nuestras niñas, niños y jóvenes.  


Como resultado, 7 de cada 10 adultos en Chile no hace deportes o actividad física, lo que nos transforma en uno de los países más sedentarios del mundo. Este problema afecta especialmente a las mujeres trabajadoras, a los niños, niñas y adolescentes y a las personas de menores ingresos.  


La creación del Ministerio del Deporte, y su coexistencia con el Instituto Nacional de Deportes, han contribuido muy poco a resolver estos problemas. En vez de desarrollar políticas y planes de largo plazo para la educación y el fomento de las prácticas corporales, inclusivas y adecuadas a las necesidades y características de las comunidades y las regiones, se han implementado programas de manera centralizada, priorizando el deporte de alto rendimiento, la construcción de estadios de fútbol concesionados a privados y la organización de grandes eventos y actividades masivas.

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR

Garantizar que los niños, niñas y adolescentes vivencien desde la primera infancia los aspectos positivos que conlleva el deporte y las diferentes manifestaciones de la cultura corporal patrimonial y popular, a lo largo de todo el ciclo escolar. Nuestro país debe favorecer y promover el desarrollo físico, mental, psicológico y social de todas las personas, para lograr un desarrollo integral, que les permita continuar activos o activas el resto de su vida y ejercer una ciudadanía soberana.  


Propuestas programáticas: 

1.     Garantizar que las y los estudiantes de establecimientos educacionales, incluyendo jardines, escuelas y liceos, realicen al menos 60 minutos diarios de deporte o prácticas corporales en el transcurso de la jornada escolar.  


2.     Generar innovaciones curriculares y programas extracurriculares con un enfoque inclusivo, recreativo, colaborativo, multicultural y no sexista, que favorezcan el desarrollo de diversas disciplinas deportivas, prácticas corporales y todas aquellas prácticas culturales y artísticas que la comunidad desee realizar, de acuerdo con el patrimonio y diversidad cultural de cada territorio.  


3.     Implementar sistemas de evaluación cualitativos, colectivos y colaborativos en la educación física, no centrados en la competencia y el rendimiento físico.   


4.     Promover y facilitar la incorporación de profesores y profesoras especialistas en educación física y motricidad en todos los ciclos educativos, desde la educación inicial a la enseñanza media.

ESPACIOS PARA EL DEPORTE, LA VIDA AL AIRE LIBRE Y LA MOVILIDAD ACTIVA

Es indispensable aumentar de manera significativa el acceso y mejorar las condiciones materiales para que las personas acudan a espacios tanto naturales como construidos, que garanticen el derecho al deporte, las prácticas corporales y la recreación en todos los territorios de Chile.  


Propuestas programáticas:  


1.     Fomentar la movilidad activa en las escuelas, a través del currículum escolar, clubes de ciclismo escolar y bicicleteros; y en los lugares de trabajo, a través de las políticas del Ministerio del Trabajo.  


2.     Desarrollar proyectos de infraestructura urbana y rural integrales, considerando redes cicloviarias interconectadas intra e interurbanas con estándares de calidad; nodos intermodales y facilidades como bicicleteros o talleres de reparación gratuitos o a bajo costo.  


3.     Implementar una política de apertura de los recintos deportivos, escuelas y universidades para que la comunidad realice deportes, prácticas corporales y se recree; incluyendo los recintos usufructuados por sociedades anónimas deportivas.  


4.     Asegurar el libre acceso a montañas, mar, playas, ríos, lagos y otros espacios naturales idóneos para realizar deporte, prácticas corporales o recreación al aire libre.  


5.     Incluir accesibilidad universal en todos los recintos deportivos, áreas verdes y espacios naturales, incluyendo los trayectos desde y hacia el transporte público más cercano.  


6.     Generar un programa con financiamiento estatal que permita el uso masivo y prolongado de las calles como espacios para el deporte, las prácticas corporales y la recreación, articulando circuitos urbanos intercomunales.  


7.     Crear un programa nacional de calles abiertas que promueva y reivindique el derecho al juego al aire libre en entornos inmediatos a las viviendas y que habilite calles residenciales como espacios seguros para la recreación, en especial para la infancia y las personas mayores.

DESARROLLO DEPORTIVO

Diseñar un nuevo modelo de desarrollo deportivo nacional, que entregue herramientas, medios y oportunidades para todos y todas quienes realizan una práctica deportiva, en todas las etapas de la vida, en los distintos niveles de desarrollo, teniendo como principios claves la plena inclusión, la democratización, regionalización, calidad, integración social y la participación de los actores públicos y privados.  


Deporte Popular:  


1.      Fortalecer el rol de las organizaciones sociales y deportivas locales y regionales, a través de un fondo especial para el desarrollo deportivo, el uso prioritario de infraestructura deportiva y la generación de una red integrada de organizaciones deportivas.  


2.      Reforzar y reestructurar el sistema nacional de competencias, potenciando los Juegos Nacionales y Paranacionales, las ligas universitarias y escolares, sobre todo en sus etapas municipales y regionales, e integrando en estas últimas a deportistas paralímpicos.  


3.      Generar fondos de apoyo para las organizaciones que fomenten el deporte adaptado y paralímpico, y las que desarrollen y/o rescaten prácticas corporales patrimoniales de pueblos originarios.  


4.      Establecer un sistema nacional de formación de personal técnico y de apoyo al deporte, tales como entrenadores, jueces, clasificadores y otros, en colaboración con las federaciones deportivas, las instituciones de educación superior y las universidades abiertas o populares.    


5.      Profesionalizar la gestión de las federaciones deportivas nacionales, a través de oportunidades de perfeccionamiento, junto con democratizarlas para garantizar la participación de todas y todos los actores.  


Deporte de Alto Rendimiento:  


1.     Perfeccionar y profundizar el actual sistema de reconocimiento de derechos laborales de los y las deportistas de alto rendimiento y su plena inserción en el sistema de seguridad social que establecerá la nueva Constitución.  


2.     Aumentar el fondo especial de apoyo para deportistas de alto rendimiento, considerando también el apoyo a las categorías de recambio.  


3.     Nivelar las oportunidades del deporte paralímpico, otorgando financiamiento directo al Comité Paralímpico de Chile y a las federaciones afiliadas.  


4.     Crear Centros de Alto Rendimiento regionales, que consideren las particularidades y deportes estratégicos de cada región.  


5.     Establecer un sistema nacional de identificación de talentos y desarrollo de las categorías de recambio, que respete las características de cada disciplina deportiva y le otorgue un rol preponderante al deporte regional.  


6.     Facilitar la educación a lo largo de la vida de las y los deportistas de alto rendimiento (activos y retirados), creando becas y acuerdos a nivel nacional e internacional con las instituciones de educación superior y las universidades abiertas o populares.  


7.     Otorgar reconocimiento económico a las y los entrenadores en los premios deportivos.  


8.     Crear una bolsa laboral que facilite la inserción de los y las deportistas retiradas del alto rendimiento.      


Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023:      


1.     Potenciar la generación de un legado deportivo y social, a través de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, integrando y beneficiando a la comunidad previo, durante y con posterioridad a dichos Juegos.  


2.     Otorgar un fondo adicional de apoyo a la preparación final de los y las deportistas que representarán a Chile en los Juegos.  


3.     Promover la asistencia gratuita de niños, niñas y jóvenes a las diferentes competencias deportivas panamericanas y parapanamericanas

NUEVA INSTITUCIONALIDAD DEPORTIVA