La Desigualdad: El verdadero problema de las PYMES, de las y los trabajadores

La Pandemia y la crisis económica acentuaron la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Según datos de la reciente Casen, la pobreza por ingreso aumentó en un 2,2%, desde el 8,6% al 10,8%, lo que equivale a 2.112.185 personas. Por otro lado, los ingresos provenientes del trabajo del 10% más rico fueron 417 veces mayores que los obtenidos por el 10% más pobre (en 2017 fue 39 veces más). Es decir, mientras una inmensa mayoría de chilenas y chilenos se han empobrecido, quienes concentran la riqueza se han hecho aun más ricos.

Por lo anterior, es que en nuestro Programa de Gobierno, nos hemos propuesto avanzar hacia un nuevo modelo de relaciones laborales, con enfoque en Trabajo Decente, guiado por políticas que reconozcan y valoren todo trabajo, comprometan trabajos productivos, con sueldos justos y protección social. Chile necesita urgentemente superar esta pobreza y desigualdad estructural a partir de sueldos dignos.

Nos hemos propuesto alcanzar, al final del período, un salario mínimo de $567.000 que permita a las y los trabajadores junto a sus familias salir de la pobreza. Sobre este estandar mínimo de ingreso existe amplio consenso en nuestro país. La Iglesia Católica , hace algunos años hablaba de un salario ético y, post estallido social, cuando el pueblo instaló la demanda por mejores salarios, uno de los empresarios “dueños” de nuestro país señaló que, en todas sus empresas, se garantizaría un sueldo sobre los $500.000 pesos.

Sabemos que, para algunas PYMES, esta propuesta de justicia social significará un esfuerzo adicional. Por ello, y porque creemos en su capacidad creadora, nuestro Programa contempla una serie de medidas de apoyos y subsidios importantes para las pequeñas y medianas empresas, destinados no sólo a contribuír al pago del nuevo salario mínimo, sino porque proponemos un rol activo para ellas, en las transformaciones productivas que espera y demanda nuestro país[1]. Las PYMES son el centro de las medidas de reactivación de nuestro Programa de Gobierno, pues es evidente que son éstas, los trabajadores y trabajadoras, quienes experimentan a diario el problema central de la desigualdad y la concentración de la riqueza. El modelo económico chileno fomenta la depredación económica por parte de los grandes grupos económicos, que se hace patente, en último término, en los bajos salarios que pueden pagar actualmente las pequeñas y grandes empresas.

Se añade a lo antes expuesto, que en nuestro país campea una subcontratación ilimitada, que permite a las grandes empresas, incluso respecto de su giro principal, abastecerse de mano de obra barata través de las PYMES, quienes entregan un producto o servicio, donde muchas veces no generan valor agregado, siendo un aspecto que tampoco interesa a la gran empresa, que rota por aquella PYME cuya contratación le resulte más barata.

De esta forma, a través de verdaderas redes empresariales controladas por el pez más grande o mediante la subcontratación, empresas más pequeñas y con escasa capacidad de negociación, deben aceptar las condiciones ofrecidas por las grandes empresas, recurriendo a la reducción de costos laborales para obtener su tasa de ganancia, por ejemplo, a través del uso ilimitado de la contratación a plazo o por obra o faena, de la ausencia de planes de formación y capacitación para los trabajadores y trabajadoras, o incluso subcontratando, lo que se agrega, al hecho objetivo consistente en que actualmente la mayoría de familias que trabajan a tiempo completo no pueden solventar sus necesidades básicas producto de los bajos salarios. Lo anterior, nos ha motivado a barajar posibilidades de regular por ley los límites a la subcontratación en Chile, en linea con el proyecto de ley actualmente en tramitación (Boletín 9483-13), presentado por un amplio sector de la oposición en la Cámara de Diputados[2].

Hablar de sueldos dignos implica dar un paso más allá y cuestionar el hecho que nuestro sistema económico descansa en la presión de quienes concentran y acumulan la riqueza, forzando a millones de PYMES a generar empleos precarios. Esta presión, lamentablemente no sólo ocurre en el sector privado, sino que también desde el Estado, cuando mediante el uso de la licitación pública se contrata a empresas cuya oferta es la más económica, sin advertir que en muchos de estos casos la decisión empresarial se acompaña de bajos salarios, por lo que es urgente revisar también la forma en que han operado estas políticas de contratación.

No es efectivo, como lo señalan algunos sectores económicos (que no son las PYMES), que el gran problema de la pequeña y mediana empresa derive de una supuesta rigidez laboral, las políticas medioambientales, la excesiva regulación, u otros motivos que sólo intentan instalar la idea de un Estado enemigo del emprendimiento. Quienes sostienen lo anterior pretenden esconder el verdadero problema: nuestra economía desigual se sustenta en el rol que juegan las millones de PYMES en pro de la concentración de la riqueza de una minoría.

Un ejemplo claro de lo anterior, es el problema del flujo de pagos que afecta a las PYMES, quienes finalmente deben resistir a la falta del pago oportuno de las grandes empresas, transformando el ideario del libre emprendimiento, a la generación de entidades económicas sometidas y devoradas por el más grande.  Este escenario pasa por alto además que, en algunas ocasiones, trabajadoras y trabajadores de distintos rubros se ven empujados a constituir empresas y contratar a sus semejantes, siendo una forma precaria de acceso al trabajo que, en el Chile Neoliberal, ha sido erróneamente llamado “emprendimiento”.

Nuestra convicción es que el Estado debe apoyar a las PYMES, apuntando con subsidios, planes de acompañamiento y desarrollo, para que puedan efectivamente alcanzar valor agregado en sus servicios y productos, haciendo crecer efectivamente la economía. Necesitamos una política de Estado cuyo objetivo se centre en el verdadero problema que oculta la realidad de las PYMES y de las y los trabajadores: la ausencia de redistribución de la riqueza en nuestro país.

Por último, cabe recordar que nuestra legislación no permite la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras sobre el nivel de empresa, lo que permitiría que aquellos que hoy sólo son “mano de obra barata para las grandes empresas”, como ocurre con dependientes de muchas PYMES, puedan negociar mejores condiciones laborales y permitan redistribuir la riqueza. De esta forma, la permanencia de la actual legislación en materia sindical termina favoreciendo la concentración de riqueza de las grandes empresas y resta posibilidades de acción a las propias PYMES en sus posteriores contratos, pese a que paradójicamente se recurra al argumento de protegerlas.  Nuestra propuesta, es por tanto, avanzar hacia la Negociación Colectiva Ramal.

Hacerse cargo de la demanda del Pueblo de Chile por sueldos dignos en nuestro futuro Gobierno no significará hacer distingos entre las y los trabajadores (como si algunes fueran de primera y otres de segunda categoría). Todas y todos debemos avanzar, sin distinción, hacia el derecho al Trabajo Decente como punto de partida, entendido como mínimo civilizatorio que, entre otros aspectos, garantice sueldos que permitan vivir (y no sobrevivir) y avanzar decididamente hacia un nuevo modelo de relaciones laborales que termine con toda forma de precariedad. En este objetivo de apoyo a las PYMES, deberán aportar las grandes empresas y al Estado le corresponderá dar el ejemplo, comprometiéndonos a revisar críticamente las políticas de contratación pública.

Equipo Programático Laboral Daniel Jadue


[1] https://www.danieljaduepresidente.cl/2021/07/08/pymes-en-el-futuro-chile/

[2] Osvaldo Andrade | Gabriel Boric | Karol Cariola | Lautaro Carmona | Tucapel Jiménez | Felipe Letelier | Manuel Monsalve | Denise Pascal | René Saffirio | Patricio Vallespín