Reforma a Fonasa, la privatización encubierta

Por Daniel Jadue.

El despliegue de los equipos de Atención Primaria de Salud (APS) durante el proceso de vacunación contra el Coronavirus ha sido formidable. Tanto las cifras de inmunizaciones, como la eficiente coordinación de la red asistencial han demostrado que una vez más es la red pública quien lidera el proceso y asegura el acceso para todos y todas. Sin embargo, hay quienes quieren avanzar en un camino privatizador de la salud pública que no podemos permitir.

La privatización de la salud, impulsada en la década de los '80, estuvo representada por la creación de las Isapre, las que captaron y administraron el financiamiento de la población más rica y con menos carga de enfermedad del país, segmentando a la población en sistemas muy desiguales y manteniendo los privilegios en los sistemas de atención de las FF.AA y de Orden.

La apropiación de las cotizaciones obligatorias por parte de las Isapre creó un subsidio público para los grupos económicos privados, que les permitió construir un mercado escandalosamente lucrativo de clínicas y centros médicos que no están emplazados necesariamente en las comunas más pobres.

Pero quieren ir por más, de hecho en abril de 2019, a meses de la revuelta social, el ex ministro de Salud de Piñera Emilio Santelices anunció una primera reforma para "fortalecer Fonasa", con el objetivo, según ellos, de entregar las actuales funciones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a Fonasa, definiendo lo que en el actual proyecto se define como un Instituto Nacional para la Excelencia Clínica y la Evaluación de las Tecnologías en Salud, junto al Ministerio de Hacienda, y se habló también de crear un directorio "autónomo" de Fonasa.

Ya en el año 2017, el mismo ex ministro Santelices proponía, en un documento conjunto entre la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios Públicos (think thank de la derecha económica) "...que los establecimientos que hoy están en manos del Minsal y aquellos de envergadura y capacidad suficiente que pertenecen a los Servicios de Salud, transiten hacia su conversión en corporaciones/empresas públicas... las que podrán contar con directorios en caso de considerarse necesario. Lo anterior, no obsta a que sigan perteneciendo a la red y reciban financiamiento acorde con ello".

Esto, ya sonaba bastante a privatización, o al menos a la desarticulación de la red pública.

Por eso, el proyecto de reforma del Ejecutivo pone en peligro la seguridad social en salud. Un proyecto que en vez de fortalecer derechos en salud, los restringe a un paquete determinado por criterios económicos y no sanitarios, sin universalidad, que profundiza la desigualdad, manteniendo un acceso diferenciado con salud para ricos y para pobres.

¿Cuál es ahora el apuro de reformar tan sustancialmente Fonasa y pretender transformarlo en una isapre pública, ad portas del proceso constituyente, en el que todas y todos definiremos cómo queremos que sea nuestro sistema de salud?

El afán de privatizar ahora aquello que no se pudo en los últimos 30 años es establecer un bloqueo u amarre a las medidas que emanen de una nueva Constitución democrática.

Todas y todos sabemos que el actual modelo de atención en salud pública requiere grandes mejoras en infraestructura, tiempos de acceso y gestión de procesos, entre otros, pero nadie puede desconocer que el sistema abarca una amplia cartera de prestaciones, con gratuidad en tramos de afiliados y una capacidad instalada en todo el país.

Nadie puede negar que, a pesar de las dificultades, el sistema de salud público es esencial para el país, y no solo por liderar el actual proceso de vacunación, sino también por la lucha contra el cólera en los noventa o por ganarle a la desnutrición y mortalidad materna décadas antes. La reforma que se pretende imponer busca perder este rol fundamental en la sociedad, porque les da pánico que el derecho a la salud se imponga sobre el lucro.

El Gobierno del presidente Sebastián Piñera debe entender que el proceso constituyente inició su camino en octubre de 2019 y que a partir de aquello no será legítima ninguna modificación a la estructura social o política actual, menos cuando se direccionen para seguir profundizando las desigualdades y los abusos. Chile requiere una profunda transformación y eso parte por la redacción de la nueva Constitución donde se asegure y se establezcan las líneas de acción para asegurar el derecho a la salud digna, oportuna y eficiente para toda la población.